La absolución de Tirso Moreno –quien el 22 de octubre del año pasado asaltó a mano armada las instalaciones de LA PRENSA y secuestró a una parte de nuestro personal de Redacción–, por parte de un jurado de conciencia que lo juzgó ayer, es un mensaje que se envía a los extremistas políticos y delincuentes comunes, de que pueden atentar contra la libertad, la integridad física y la vida de los periodistas, sin tener que pagar por eso ante la justicia.
La característica principal de la civilización es que toda persona que delinque, independientemente de los motivos que tuviera para delinquir, debe pagar con una pena correlativa por la fechoría o delito que cometió. Esa es la base de la convivencia pacífica de la sociedad, pues si algunas personas por la razón que sea pueden atentar contra otras, y no pagan por eso, entonces desaparece el respeto a la ley, se pierde la confianza en la justicia y se implanta la ley de la selva en la que todos actúan contra todos.
Los periodistas y otros miembros del personal de LA PRENSA que sufrieron el terror que Tirso Moreno impuso a balazos la tarde del 22 de octubre del año pasado, no pedían venganza. Simplemente esperaban que se hiciera justicia y que se le aplicara la ley como debía de ser: de dos a cinco años de prisión, que es lo que manda la ley penal para castigar los delitos por los que se juzgó en el tribunal de jurado a Tirso Moreno.
Tampoco los periodistas y otros miembros del personal de LA PRENSA que fueron víctimas del atentado del 22 de octubre del 2002, tenían por qué perdonarlo, como él lo pidió por interpósitas personas y como lo solicitaron sus compañeros de la Resistencia y del arnoldismo, lo mismo que sus familiares.
La verdad es que cuando se comete un delito como el asalto a mano armada contra las instalaciones de LA PRENSA, con el que se expuso a las personas al peligro, se les retuvo contra su voluntad y a mano armada (lo que en cualquier parte del mundo e idioma se llama secuestro), se restringió su libertad y se ofendió su dignidad humana, nadie tiene potestad de perdonar, sólo esperar y exigir que se aplique la ley y se haga justicia.
El hecho de que otros secuestros y atentados de iguales o parecidas características que se perpetraron en el pasado en Nicaragua, quedaron impunes –como por ejemplo el secuestro de Cailatú, por parte de ex combatientes de la Resistencia, y el del Consejo Político de la UNO, que ejecutaron comandos sandinistas, en agosto de 1993–, no justifica que el asalto de Tirso Moreno quedara también sin castigo. Ni justifica que en lo sucesivo cualquier exaltado atente contra los periodistas y luego se quiera justificar y pedir perdón, porque andaba borracho o por cualquier otro motivo real o supuesto.
La absolución de Tirso Moreno por parte del tribunal de jurado que lo “juzgó” ayer, repetimos, es una señal de aliento a otras personas extremistas para que atenten contra los periodistas, con la confianza de que quedarán impunes.
Esto es grave en un país como Nicaragua, donde todos los días se amenaza y agrede a periodistas que cubren diversos eventos noticiosos, tanto de naturaleza política como del orden delincuencial común. En realidad, sobran en este país los exaltados que creen que el reportero crítico y preguntón es un estorbo que puede y debe ser eliminado.
Y una justicia ambigua o, peor aún, claramente inclinada a absolver a quienes atentan contra la prensa y los periodistas, alienta la creencia de que esta clase de violencia no será castigada y de que una prensa adversaria y crítica no debe ser tolerada, sino que debe ser acallada por medio de la fuerza.
Pero los periodistas de LA PRENSA no dejarán de cumplir su deber de informar de manera veraz, imparcial e independiente, de investigar y denunciar la corrupción y los abusos, y de practicar un periodismo libre y ético, a pesar de todas las dificultades, las amenazas y las agresiones como la de Tirso Moreno que fue exonerada para vergüenza histórica de la “justicia” nicaragüense.
