Haydée MarínAIPE
MIAMI.- Cuba desafió la opinión internacional con las ejecuciones de Enrique Copello, Bárbaro Leodan y José Luis Martínez, tras un juicio sumario que no respetó los principios mínimos legales exigidos por los convenios y tratados internacionales. El “crimen” cometido por estos ciudadanos cubanos fusilados fue tratar de escaparse de Cuba, de ejercer el derecho a irse de su país. Durante el juicio que duró minutos, no más de una hora, los “culpables” no pudieron ejercer su derecho a defenderse, ya la sentencia estaba dictada por Fidel Castro.
Los fusilamientos y el encarcelamiento de periodistas y activistas demuestran la postura de Castro tras la ratificación de la Resolución 2002/18 sobre Cuba, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
Tales hechos son un claro desafío a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que dio una débil resolución contra Cuba.
La Resolución no condena a Cuba, sino que alienta al gobierno cubano a permitir el ingreso en Cuba de un Representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La Comisión, a través de la resolución, casi le suplica a Fidel Castro que permita a un funcionario de las Naciones Unidas visitar la Isla. El solo hecho de esta petición-resolución enfureció a Castro y a sus funcionarios, quienes procedieron a insultar a líderes electos popularmente y democráticamente en América Latina.
La designada por Naciones Unidas, Dra. Christine Chanet, es una jurista internacional de gran experiencia en el tema de derechos humanos. Cuba, siendo miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, le negó la entrada al país. Entonces, ¿qué se puede esperar de la Comisión?
Es inmoral y vergonzoso que las democracias latinoamericanas permitan que un fósil político siga siendo invitado a sus cumbres y demás reuniones. Líderes electos popularmente y constitucionalmente como Lula Da Silva, a quien le costó muchos años de su carrera política llegar a la Presidencia, invitan a Castro a la toma de posesión y se sienten orgullosos de su presencia. Castro debiera ser ignorado por líderes democráticos, ya que es el último dictador en Latinoamérica, exceptuando, por su puesto, a su copia venezolana malograda Hugo Chávez.
Castro ya no es el revolucionario joven que junto al Ché Guevara fascinaba a los intelectuales latinoamericanos y a la izquierda internacional. La verdad es que Castro es un dictador despiadado que merece el repudio de todos los líderes del mundo civilizado.
Su última hazaña lo demuestra una vez más: el fusilamiento sin razón ni motivo de jóvenes desesperados, quienes trataban de huir de la pobreza a que están sometidos los cubanos en la isla.
Es inmoral y un crimen contra los derechos humanos la reelección de Cuba a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y es vergonzoso ver a las naciones que votaron a favor de esa reelección.
La pregunta de rigor para cualquier activista de derechos humanos es: ¿para qué sirve la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Por qué no se aprobó la propuesta de Costa Rica? ¿Por qué no se condenó abiertamente las detenciones, las sentencias y los juicios sumarios de Cuba contra miembros de la sociedad civil?
Las democracias latinoamericanas no pueden seguir calladas y escondidas, su obligación moral es con el pueblo cubano y no con un vil asesino que lleva 44 años causando hambre, miseria y muertes a su propio pueblo.
La autora es directora ejecutiva de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos.
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