José Adán Silva [email protected]
La red internacional de Periodistas Frente a la Corrupción instó al gobierno del presidente Enrique Bolaños a impulsar investigaciones, procedimientos y castigos eficientes contra funcionarios y ex funcionarios públicos corruptos, y que promueva iniciativas y medidas que garanticen el acceso a la información pública, entre otras cosas.
El llamado se hizo en el último informe sobre las violaciones a la libertad de expresión en América Latina, de la red Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra hoy 3 de mayo.
El informe se titula “Balance: libertad de expresión versus corrupción en América Latina, a un precio demasiado alto”, y recoge incidentes del primero de enero de 2002 al 30 de abril de 2003.
En el informe sobre Nicaragua, PFC reiteró su preocupación por la “partidización” de los poderes del Estado y entes estatales “a los que —según sus acciones y los resultados de sondeos de opinión pública— les falta voluntad para llevar a la justicia a los corruptos”.
Según la publicación, esta partidización “está propiciando un ambiente de impunidad, donde prevalece no sólo la corrupción, sino también la violencia y otras agresiones que han enfrentado los periodistas y medios nicaragüenses”.
PFC recogió una serie de denuncias de medios de comunicación y periodistas contra el gobierno y sus instituciones, y rea-lizó un llamado al gobierno de Bolaños “para que investigue las agresiones contra periodistas y medios, y que lleve ante la justicia a los responsables intelectuales y materiales de las mismas”.
También llamó a que el gobierno de Bolaños “garantice investigaciones, procedimientos y castigos eficientes contra funcionarios públicos actuales y anteriores, y otros que han sustraído o desviado fondos públicos en provecho propio o con fines partidistas; y promueva iniciativas y medidas que garanticen el acceso a la información, el fin a la colegiación obligatoria y el pleno respeto a la libertad de expresión”.
En este informe se recogen síntesis y estadísticas de represalias y acciones legislativas dirigidas a entorpecer investigaciones y reportajes periodísticos sobre la corrupción. El reporte señala que en 2002 se registraron 197 agresiones contra periodistas en América Latina, superando las 114 registradas en 2001. Durante los primeros cuatro meses de 2003, los casos ya suman 75.
