- Analizan cada palabra de la Memoria presentada por Nicaragua
Andrés MompotesRedactor de El Tiempo
BOGOTÁ, COLOMBIA.- Una delegación de funcionarios colombianos se desplazó a esa ciudad holandesa con el fin de empezar a desmenuzar cada palabra nicaragüense y proponer los caminos a seguir.
Está encabezada por la vicecanciller Clemencia Forero, y por el embajador en Cuba y agente oficial ante La Haya para el caso de San Andrés, Julio Londoño Paredes, que el pasado viernes llegó a Bogotá a preparar documentos sobre el tema.
Ellos y el embajador en los Países Bajos, el ex magistrado Vladimiro Naranjo, serán los primeros en analizar si el paso más adecuado es acudir a la figura de las “excepciones preliminares”, que según varios expertos en el tema podría ser la mejor contraofensiva. Se trata de argumentos que buscan precisar si la Corte tiene autoridad para decidir sobre el caso.
“Ese es un mecanismo que está disponible, como muchos otros”, se limita a decir el embajador Naranjo, fiel a la estrategia de no dejar escapar una palabra que le dé pistas a Nicaragua de cómo blindarse contra Colombia.
LA TÁCTICA DEL SILENCIO Y EL “DESTAPE” DE NICARAGUA
Lo cierto es que la táctica del silencio, predicada en la Cancillería y criticada por algunos, entrará en el terreno de las ‘jugadas’ públicas tras el ‘destape’ de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Según Alberto Lozano Simonelli, autor del libro La amenaza de Nicaragua, presentar esas excepciones es clave, ya que deberán llevar a la Corte a pronunciarse sobre si es competente o no para conocer el caso interpuesto por los nicaragüenses.
Su tesis, defendida por otros analistas, se basa en que la Corte no es competente para hacer nuevas delimitaciones, como lo pretende Nicaragua, y en que Colombia cuenta con un tratado que no puede ser disuelto a la luz de ninguna norma internacional: el Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928 entre los dos países.
Pero el problema, señala Lozano, no es que Nicaragua desconozca ilegalmente ese tratado, sino que Colombia no presentó las excepciones hace varios meses y dejó avanzar el proceso hasta la instancia actual, lo que genera el riesgo de que se acepte tácitamente que el tema de San Andrés sí es susceptible de ser dirimido por la Corte.
Sin embargo, un abogado internacionalista, que ha asesorado al gobierno y que pidió la reserva de su identidad, señala que el camino ha sido adecuado, pues aún hay tres meses de plazo para presentar las excepciones, con la ventaja de que hoy (ayer) “se sabrá cuáles son las armas concretas que tiene Nicaragua en su memoria”.
Lo claro es que la fórmula de presentar excepciones alarga la discusión, lo que podría favorecer a Colombia, pues los términos del proceso quedan congelados hasta cuando la Corte se pronuncie sobre ellas.
LA RUTA DE LA MEMORIA
Otra ruta que puede tomar Colombia es la de empezar a redactar de inmediato su contramemoria (respuesta escrita a la memoria nicaragüense), para lo que tiene un plazo de 14 meses. Sin embargo, esta vía es la que más genera ‘roncha’ entre quienes consideran que no hay nada que discutir con Nicaragua.
Según el ex ministro Jaime Pinzón López, experto en el tema, Colombia no puede seguir cayendo en la trampa de meterse en un litigio sin razón de ser porque los tratados de límites son intangibles y perpetuos. “Colombia ha debido rechazar la demanda y no concurrir a la Corte”, añade.
En todo caso, hay una carta que el gobierno colombiano puede usar en cualquier momento, aunque ninguno de sus funcionarios se atreva a decir cómo será usada. Se trata del retiro de la declaración en la que Colombia acepta la competencia de la Corte, el cual se realizó el 5 de diciembre del 2001, un día antes de que Nicaragua oficializara la demanda.
LICITACIÓN “INCÓMODA”
Aunque esta etapa del proceso empujará a Colombia a tomar una decisión que dejará a la luz pública parte de su estrategia, aún no es claro si esto permitirá flexibilizar la tesis de que todo este tema debe ser manejado casi en secreto.
“La opinión tiene que entender que éste es un tema muy delicado. El gobierno se ha preparado muy cuidadosamente”, señala el embajador Naranjo.
Sin embargo, las voces que le piden al gobierno que asuma el tema de cara al país siguen creciendo, al punto que los congresistas Luis Alfredo Ramos, presidente del Senado, y Luis Guillermo Vélez citaron a un debate a la canciller Carolina Barco, el próximo martes, para que explique las incidencias de la demanda en La Haya.
Vélez también ha hablado de “negligencia” del gobierno al referirse al polémico caso de la licitación nicaragüense para otorgar áreas de explotación petrolera en un área que incluye aguas territoriales colombianas.
Aunque los gobiernos de Colombia y Nicaragua dieron por superado ese hecho esta semana, la verdad es que el mapa de la licitación sí incluyó mar y territorio colombianos. Pero debido a que las tres empresas estadounidenses que le hicieron ofertas a Nicaragua para explorar no incluyeron esas zonas colombianas, la canciller Barco aceptó el proceso.
No obstante, la pretensión sigue vigente. El canciller nicaragüense, Norman Caldera, dijo el pasado viernes que si se presentan ofertas para áreas colombianas, que ellos consideran en disputa, la oferta quedará pendiente hasta que se resuelva el litigio en La Haya.
El problema es que en el caso de que haya un intento de explorar en esas aguas, Colombia hará uso de la fuerza para hacer respetar su soberanía, como lo advirtió el presidente Álvaro Uribe, el pasado jueves.
Aunque en ambos países dicen que no será necesario llegar a esos extremos, lo que sí parece posible es que Nicaragua intente sacar partido de la licitación durante su alegato en La Haya. Sin embargo, sólo mañana (hoy), cuando se inicie el primer ‘round’ concreto en la Corte, se sabrá si ese argumento hará parte de un ataque jurídico esperado con expectativa por Colombia desde hace dos años.
DEBATE POR COMPETENCIA
La posibilidad de que Colombia utilice el retiro de la competencia de la Corte como argumento para no aceptar su jurisdicción genera debate entre los analistas.
Mientras unos consideran que el país podría volver a aceptar la competencia de la Corte bajo condiciones nuevas y favorables; otros piensan que hay otros convenios en los que ya aceptamos la jurisdicción del tribunal.
Y agregan que no acudir a él podría ser “como cuando un implicado en un proceso no comparece ante el juez creyendo que así no lo van a sancionar”.
