- Fracasa el diálogo con los “toma tierras” y una niña muere por falta de atención médica
- “Tigrillo” acusa al gobierno por mandar tropas a volarles balas, en vez de llevarles comida
Luis Eduardo MartínezCORRESPONSAL/[email protected]
El desalojo es inevitable en la finca La Pineda, al fracasar ayer un último intento de la comisión negociadora del gobierno por persuadir al grupo de armados de que abandonen de forma pacífica esa propiedad, la que tienen ocupa
Aunque una juez de Matagalpa emitió una orden de desalojo que ya está en manos de las autoridades policiales, éstas decidieron esperar los resultados de las pláticas de ayer entre funcionarios del gobierno y los armados que tomaron la finca en el municipio de Esquipulas, Matagalpa.
Una niña de seis meses, Mayerli López, murió ayer por falta de atención médica en la zona del conflicto.
Los funcionarios gubernamentales Iván Bushting, del Ministerio de Agricultura (Mag-For), y Joel Valdez, del Ministerio de Gobernación, trataron de convencer ayer a los “toma tierras” para que desalojen pacíficamente la propiedad y evitar el anunciado choque armado entre las tropas especiales de la Policía y los precaristas.
ESPERAN LA SEÑAL
Unos 30 efectivos del Ejército están en la finca San Vicente, colindante con La Pineda, listos para entrar a la propiedad ocupada por los ex contras, comandados por Pedro Luis Rivera Benavides, alias “Tigrillo”, quienes alegan que esa hacienda les pertenece y que sólo muertos saldrían de allí.
Los “toma tierras” poseen armas de cacería y las que han fabricado ellos mismos. “Tigrillo” responsabilizó al gobierno de querer matarlos injustamente y condenó el envío de tropas del Ejército para “volarnos balas, en vez de mandarnos comida”.
En su afán de convencer a los “toma tierras”, los delegados de gobierno propusieron el envío de semillas para los pocos que poseen parcelas en el caserío conocido como El Portón.
Los precaristas dicen que han mantenido una lucha constante, porque el propietario de La Pineda, Erick Smith Robleto, les ha negado la servidumbre de paso, una demanda a la que podría acceder el dueño de la finca, según los negociadores del gobierno.
LA PRENSA conoció, de forma extraoficial, que el gobierno no tiene una respuesta concreta sobre dónde ubicar a estos precaristas, y la presencia de los negociadores era para evitar un desalojo nocturno de consecuencias impredecibles, porque en el grupo hay mujeres y niños que los armados utilizan como escudo.
MIEDO LO RETUVO
En medio de la zozobra que ha provocado entre los vecinos la toma de la finca La Pineda, la niña Mayerli Tatiana López Cardoza, de seis meses de edad, murió por falta de atención médica, porque el puesto de salud de El Portón fue abandonado por la auxiliar de enfermería que lo atendía. Según Gerardo López, padre de la menor, no se atrevió a sacarla de la zona por temor a caer en manos de los armados de uno u otro bando.
Piden asistencia
Arturo Mcfields Yescas
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Aunque el problema de los campesinos rearmados parecía ser sólo un asunto político, ha tomado un cariz social debido a que los ex contras han ampliado sus demandas, informó el Ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo.
“Ahora quieren una pequeña escuela, quieren medicinas para el centro de salud de la finca, o sea que no es en sí un problema de meterse por meterse (desalojarlos) y aquí tienen la tierra, sino que hay otros intereses que estamos tratando de ver cómo se les cumplen”, explicó.
Urcuyo dijo que el gobierno trata de agotar el recurso del diálogo, antes de desalojar a los grupos armados que mantienen tomadas algunas fincas, entre ellas La Pineda.
“Se equivocan si creen que vamos a ser blandengues o indecisos, estamos dándoles únicamente la oportunidad al diálogo y la oportunidad de que se imponga la sensatez y no la violencia”, afirmó.
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