Jorge Loáisiga y José Adán [email protected]
Mañana 22 de abril, el otrora poderoso brazo derecho del ex presidente de Nicaragua, y ahora también reo, Arnoldo Alemán Lacayo, cumple un año de estar encarcelado por delitos vinculados a la corrupción: se trata de Byron Jerez. Con siete sentencias en su contra, varias causas pendientes, y marcado por la opinión pública como el símbolo de la corrupción, el futuro de Jerez no se ve tan claro, como tampoco lo fue su papel de funcionario público
REPORTAJE ESPECIAL.- Antes tomaba el sol de verano en un yate valorado en más de un millón de córdobas, que navegaba por las azules aguas de la bahía de San Juan del Sur, donde también había construido una lujosa mansión de más de 250,000 dólares.
Ahora pide a las autoridades del Sistema Penitenciario que le permitan tomar el sol, al menos dos veces al día, y que le amplíen un poco el espacio de la celda de tres metros de ancho por tres de largo, en la que está recluido.
Atrás quedaron los días en que Byron Rodolfo Jerez Solís, de 50 años, el más poderoso funcionario público del gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, de quien era socio en muchos negocios turbios, ordenaba con prepotencia a sus subordinados que le firmaran cheques a sus nombres y que le trasladaran cajas de whisky y enseres del Estado a su lujosa mansión con terraza, en la playa de Pochomil Viejo, en la costa central del Pacífico de Nicaragua, construida con fondos destinados a reconstruir lo dañado por el huracán Mitch.
Jerez, quien declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) que poseía un patrimonio personal superior al millón de dólares, se dio el lujo de hacer transacciones personales en un solo día, el tres de mayo del 2000, por más de trece millones de dólares, acumuló en una sola cuenta en Panamá más de 10 millones de dólares y utilizó 14 tarjetas de crédito.
SALIDAS SIN REGISTRO
De acuerdo con los registros migratorios, Jerez reporta un total de 186 salidas del país que iniciaron el 21 de mayo de 1990 y finalizaron el 15 de febrero del 2002. Los destinos migratorios eran Estados Unidos (170 viajes), Costa Rica (2), México (2), Panamá (8) y Guatemala (4). De manera misteriosa no están registrados los múltiples viajes que realizaba a República Dominicana, país del que era cónsul honorario en Nicaragua, ni los incontables viajes en los que acompañó al ex presidente y ahora reo, Arnoldo Alemán.
En el Registro Civil de las Personas se encuentran cuatro inscripciones en diferentes libros, tomos, folios y años de inscripción. Tiene dos partidas de nacimiento, una de Costa Rica y otra de Nicaragua.
Atrás también quedaron aquellos días en los que aterrorizaba a los empresarios nicaragüenses, mediante reparos económicos que ordenaba como medidas de terrorismo fiscal, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), de la cual fue director desde el 10 de enero de 1997 hasta julio del 2000.
Pero Jerez no sólo manejaba las finanzas del Estado, desde la DGI y su cargo de viceministro de Finanzas. También era el poderoso tesorero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que llegó a ser la primera fuerza política del país. El mejor organizado y con los recursos del Estado a su disposición. Eran tiempos de gloria.
INICIO DEL FIN
Quizás nunca pensó que su suerte cambiaría tanto y para mal, pero sí debió intuir algo de eso la tarde del 22 de abril del 2002, cuando vio un arma que le apuntaba a la altura de la cabeza y un despliegue de policías bloqueando las vías por las cuales se desplazaba en su nuevo vehículo Chevrolet del año.
Su desgracia había empezado en marzo del 2000 cuando LA PRENSA publicó la primera serie del caso de “Los Checazos”. Cuando se demostró su participación en el desfalco millonario a las arcas del Estado por medio de negocios y empresas propias.
Después vino una resolución de la Contraloría que sólo lo encontró con responsabilidad administrativa, la “renuncia” de su cargo y el juicio, en que el juez suplente Walter Solís lo absolvió de toda responsabilidad en el caso de los checazos.
Aún así siguió mandando. Desde las instalaciones de la empresa Proveedores Sociedad Anónima (Provesa) organizaba los turbios negocios en que también tenía participación Alemán, quien desde la cima de la Presidencia hacía lo suyo con otros fondos.
Hasta la fecha, la Procuraduría de Panamá, por gestiones del gobierno nicaragüense, ha congelado 10.4 millones de dólares de cuentas mancomunadas entre Jerez, Alemán y familiares de ambos.
Las 28 sociedades que Jerez creó en Panamá servían para una febril actividad de lavado de dinero, saqueado de las arcas del Estado nicaragüense y regresado en algunos casos al Estado para pagos de dobles salarios de los funcionarios públicos, y para financiar la campaña electoral del PLC, por medio de cheques de la más emblemática institución financiera de la corrupción: la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN).
SIN VISA Y REINO SE DERRUMBA
En noviembre del 2001, tras las elecciones presidenciales en que resultó ganador Enrique Bolaños, LA PRENSA reveló que con los checazos salidos del Estado se pagaba la deuda que la empresa de la familia Alemán, Gestiones y Negocios Inmobiliarios Sociedad Anónima (Geninsa), tenía con el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio y alimentaba cuentas de Jerez en Panamá. El mencionado banco quebró en el año 2001.
Tras el escándalo, el gobierno de Estados Unidos hizo su propia investigación. Con ayuda de las autoridades de Panamá determinaron que había sospecha de “lavado de dinero” y por eso a finales de enero del 2002 le suspendieron la visa a Jerez, quien iracundo por la humillación de ser citado y notificado en la Embajada de Estados Unidos en Managua de que se le suspendía la visa por lavado de dinero, se fue al aeropuerto, compró un boleto de American Airlines y cuando no lo dejaron subir al avión amenazó a los funcionarios norteamericanos con un “pronto conocerán de mis abogados”.
“Todavía estamos esperando oír de sus abogados. Nos gustaría oír de sus abogados”, relató tres meses más tarde el Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Otto Reich.
LAS CAMIONETAS DE LA DESGRACIA
A las 5:00 de la tarde del 19 de abril del 2002, Diana Rosalía Avendaña Soza, Procuradora Laboral con delegación para comparecer en juicios penales en nombre de la Procuraduría General de la República (PGR), denunció en la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional a Byron Jerez, entonces influyente hombre de negocios. Su debilidad por los vehículos de lujo lo llevó a la cárcel.
Avendaño lo denunció por el presunto delito de fraude contra el Estado. Jerez compraba vehículos de lujo, nuevos y de las mejores marcas con notas de crédito de la Dirección General de Ingresos y los mandaba a legalizar a nombre de terceras personas, generalmente empleados de confianza, en las oficinas de Tránsito de la Policía Nacional, para luego venderlos.
William Morán, uno de sus ocho escoltas, era el encargado de realizar los trámites en las oficinas de Tránsito de la Policía Nacional.
Fue precisamente Morán quien brindó los detalles de las operaciones de compra de vehículos con las notas de crédito.
“Yo legalicé, por órdenes de él, más de 130 vehículos en todos estos años que don Byron estuvo en la DGI y después, antes de que cayera preso”, declaró Morán a LA PRENSA.
“Lo que agarraron fue un poquito nada más, el asunto era más grande, más grueso, creo que fue sólo la cola”, agregó el ex escolta.
Sus declaraciones en la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) y la DIC de la Policía Nacional fueron fundamentales para armar el caso, denunciado por Avendaña Soza.
Cuatro días después de la denuncia de Avendaña, el 22 de abril de ese año, la Policía Nacional capturó a Jerez en una calle del Barrio Altagracia, al oeste de Managua, exactamente a dos cuadras de distancia de las oficinas de su empresa Proveedores Sociedad Anónima (Provesa), donde había instalado su centro de operaciones financieras, tras su deshonrosa salida del gobierno luego del destape de “Los Checazos”.
Iba huyendo del país, constató la Policía Nacional, quien ya lo tenía en sus archivos con antecedentes penales por presunto lavado dinero, según consta en un documento oficial del 29 de enero del 2002. El expediente policial se había empezado a armar después que Estados Unidos hiciera el anuncio el 25 de enero de que le había suspendido la visa bajo sospecha de lavado de dinero.
OPERACIÓN RELÁMPAGO
Aquel 22 de abril, Jerez, que había permanecido en sus oficinas todo el día, salió de ellas con prisa. Se despidió de su secretaria Jenny Mena y se subió a su camioneta Chevrolet Suburban, color gris oscuro, placas 222-619. A escasas dos cuadras fue apresado por un oficial de la Policía vestido de civil que lo interceptó en una camioneta marca Toyota, color blanco; le apuntó con su arma de reglamento, lo obligó a bajar del vehículo y le comunicó que estaba detenido bajo sospecha de fraude. Jerez entonces no opuso resistencia, aunque en un primer momento intentó evadir a los policías.
El vehículo en el que viajaba Jerez estaba a nombre de la secretaria, Jenny Mena, según ficha de control de tránsito número 002030 ocupada por las autoridades policiales al momento de la captura.
Ella declararía días después en la DIC de la Policía Nacional que William Morán, el escolta de Jerez, acostumbraba decirle “esa es tu camioneta”, y le señalaba la Chevrolet Suburban color gris oscura en que fue capturado su jefe, quien desde entonces sigue preso.
BIEN ARMADO
Jerez llevaba consigo una subametralladora marca UZI, calibre nueve milímetros serie 98400715, con la inscripción de la Policía Nacional de Nicaragua. El arma se la había obsequiado un alto oficial de la institución de orden público.
El cargador estaba vacío, sin balas. También llevaba consigo una pistola marca Beretta, calibre 32, modelo 3032 Tom Cat, serie DAA 266886, de fabricación americana, con un cargador de fabricación italiana con siete cartuchos.
El arma estaba en su caja de estuche plástico color azul, cerca del asiento del pasajero, lista para ser utilizada.
Otra de las armas que llevaba Jerez era un revólver calibre 38 marca Smith and Wesson serie BPU 2528, con tres cartuchos.
Cerca del asiento del conductor también estaban dos teléfonos celulares marca Motorola con los números 08836100 y 08847200. Eran los que había utilizado durante los últimos tres años.
SENTENCIA, PASAPORTES Y DÓLARES
Entre los documentos que Jerez no podía darse el lujo de dejar en su oficina, o en su casa en Santo Domingo, estaba la sentencia con sobreseimiento definitivo que había emitido el Juez Suplente del Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua, Walter Solís, en el 2000 cuando fue enjuiciado por el caso de los checazos.
Además portaba tres pasaportes a su nombre: dos nicaragüenses y uno de Costa Rica. Los de Nicaragua estaban a nombre de Byron Rodolfo Jerez Solís y el tico a nombre de Byron José Jerez Solís.
Llevaba además, en un maletín color negro, nueve fajos de billetes de 100 dólares, cada fajo contenía 100 billetes . Aparte cargaba otro fajo con 108 billetes de 100 dólares, dos billetes de 20 dólares, 77 billetes de 100 córdobas, un billete de 1000 colones, un billete de cinco mil colones, un billete de 50 córdobas, 10 billetes de 20 córdobas y un billete de 10 córdobas. En total portaba aproximadamente 108,040 dólares, 7,780 córdobas y seis mil colones.
COSAS DEL DESTINO
En la captura de Jerez el destino se encargó de jugarle algunas sorpresas. Avendaña, su inicial acusadora, fue la esposa de Alfredo (Popo) Chamorro, amigo personal, socio y mano derecha de Jerez en los negocios que ambos organizaron cuando vivían en Miami, Estados Unidos.
Morán, su delator, fue durante ocho años uno de los escoltas del comandante “Chombo”, Walter Ferreti, fundador de la Policía Sandinista y esposo fallecido de la juez Juana Méndez, quien meses más tarde lo fulminaría con auto de prisión.
Una semana antes de su captura, Jerez había interpuesto ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, un recurso de amparo contra la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, el cual fue rechazado por considerar los magistrados que estas dos instituciones tenían derechos constitucionales para investigar a sospechosos de haber provocado daños al Estado.
Desde su captura, la estadía de Jerez en la cárcel ha sido un constante ir y venir a varios hospitales, para tratarse problemas relacionados con la banda gástrica que se impuso quirúrgicamente en el estómago para adelgazar.
La banda, a pesar de los problemas que le ocasionó, le funcionó correctamente: le quitó algunas libras, no así la prepotencia que siempre lució en los días en que fue un poderoso funcionario público.
Además:
Los documentos que cargaba
Pedirán penas máximas para Jerez
