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El Frente Sandinista (FSLN) se negó a rechazar el encarcelamiento de 78 disidentes en Cuba, la mayoría periodistas, quizás porque los procedimientos represivos que usa el régimen de Fidel Castro son los mismos que aplicó aquí el gobierno sandinista y que, al parecer, sigue considerando válidos.
En Cuba la libertad de expresión es un delito. A los periodistas que se atreven a informar con independencia les aplican la Ley 88 que castiga a los que buscan información para “quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar el Estado socialista y la independencia de Cuba”. O sea, toda información contraria al gobierno.
La semana pasada condenaron a 20 años de prisión al periodista independiente Raúl Rivero. Su esposa, Blanca Reyes, dijo que el único delito de Rivero “ha sido escribir” para medios de prensa extranjeros.
El director general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Koichiro Matsura, pidió al gobierno cubano que respete “los derechos fundamentales” de los periodistas y de los otros “detenidos por haber expresado sus ideas”.
La organización Reporteros Sin Fronteras afirma que el gobierno de Castro ha bloqueado hasta los intentos de capacitación de los periodistas independientes: “El 21 de marzo de 2002, agentes de la Seguridad del Estado interceptaron a tres periodistas que acudían a unos cursos de periodismo que se impartían en el domicilio de Ricardo González, presidente de la asociación en La Habana. Otros dos periodistas que se encontraban en su casa fueron interceptados al salir. Un sexto fue interrogado por la policía, por la noche, sobre sus actividades en la asociación”.
“En octubre de 2001, una operación de policía similar impidió la celebración de las clases… Sin embargo, ningún artículo del Código Penal impide enseñar libremente en Cuba”, indicó Reporteros Sin Fronteras.
La Declaración Universal de Derechos Humanos precisa que los ciudadanos tienen el derecho de informar y estar informados. Pero este precepto ha sido violado en Cuba, en Nicaragua durante la década de 1980 y en Irak.
El régimen de Saddam Hussein suprimió la libertad de pensamiento, expresión, información, asociación y reunión; y los ciudadanos iraquíes vivían “en un clima de temor” porque podían ser arrestados o interrogados por la policía, por cualquier cosa que dijeran o hicieran, según los informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los defensores de Fidel Castro, también abogados de Hussein, han pedido a los periodistas de los países democráticos que sean balanceados al informar sobre lo que ocurre en Cuba y tomen en cuenta la versión del gobierno, además de las de oposición. Es válido si reconocemos que los ciudadanos tienen derecho a ser bien informados.
Lo malo es que los fidelistas sólo piden balance a las publicaciones del extranjero y justifican el verticalismo informativo y la falta de libertad que impera en Cuba, donde los ciudadanos sólo pueden conocer la versión del gobierno, porque las independientes son prohibidas y hasta penadas con cárcel.
