- Empresa de Atlanta compra
información de millones de latinos y la vende al gobierno de EE.UU. - Gobierno nica investigará la venta de datos como créditos bancarios y situación fiscal de personas
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El ministro de Gobernación Eduardo Urcuyo confirmó ayer que Nicaragua investigará el presunto tráfico ilegal de bancos de datos de nicaragüenses, que presuntamente son vendidos a compañías norteamericanas cuyos representantes los estarían ofreciendo a agencias federales estadounidenses como un mecanismo de seguridad para detectar a potenciales terroristas o descubrir documentos falsos de identidad.
Según información servida por la agencia de noticias Associated Press (AP), el gobierno estadounidense ha comprado el acceso a bancos de datos sobre cientos de millones de habitantes de diez países latinoamericanos, incluyendo Nicaragua, para que una gran cantidad de agencias federales rastreen a extranjeros ubicados en Estados Unidos.
Urcuyo dijo desconocer esas actividades y de la existencia de una legislación que las prohíba y las regule. Sin embargo, prometió que las autoridades gubernamentales indagarán sobre el tema.
Urcuyo rechazó que esas acciones sean legales, porque las compañías tendrían que tener el consentimiento y una autorización de las personas que desean que sus datos sean enviados a otro país.
“La realidad es que desconozco si es un negocio establecido, si están registrados en el país para vender información respecto a créditos de las personas, licencias de conducir, pago de impuestos, quién les dio la licencia para operar y bajo qué figura, si es una ONG o empresas de inversiones. Creo que hay que identificar a la empresa y a quien pertenece, si es sociedad anónima”, opinó.
“Sería totalmente ilegal y un abuso, si los ciudadanos no emitieron ninguna autorización para que se conozcan sus antecedentes personales y crediticios en otro país”, argumentó Urcuyo.
En ese sentido, invocó la Constitución Política que en el capítulo referido a los derechos individuales de los nicaragüenses establece, en su artículo 26, que “toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia; a la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia, sus comunicaciones de todo tipo; a conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información”.
En Atlanta
Asegura AP que una compañía en los suburbios de Atlanta, ChoicePoint Incorporated, ha juntado la información en el extranjero y la ha vendido en los últimos 18 meses a autoridades estadounidenses, a una treintena de agencias, incluyendo investigadores del Servicio de Inmigración que la han utilizado para arrestar a indocumentados.
ChoicePoint dice que compra los archivos de subcontratistas radicados en México, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Pero declinó identificar a los que venden tales datos ni decir cómo obtuvieron la información esos grupos.
Según AP, parece que los archivos se originan en agencias que empadronan votantes o emiten identificaciones nacionales y licencias de conducir. Choice Point proporcionó copias parciales de contratos, que requerían que los contratistas certificaran que habían comprado la información legalmente.
La PRENSA intentó conocer ayer la versión de las autoridades del Consejo Supremo Electoral y de la Superintendencia de Bancos, entidades que poseen información valiosa de los ciudadanos, sin embargo ninguno de sus representes pudieron ser contactados telefónicamente.
DATOS EN WASHINGTON
Según la agencia AP, la información recopilada por la empresa estadounidense incluye detalles personales de habitantes del continente, desde México hasta Argentina. Ahora, funcionarios de Washington pueden, con sólo apretar unas teclas, leer archivos de personas que originalmente eran sólo para autoridades de la ciudad de México, San Salvador, Managua o Bogotá.
