Pablo Ayón
A 28 dólares por voto, como costaron las últimas elecciones nacionales, el segundo país más pobre del hemisferio (Nicaragua) tiene la dudosa distinción de celebrar las elecciones periódicas más costosas del mundo en lo que a gasto público per cápita se refiere: Entre 400 por ciento y 1,000 por ciento más caras que las de sus vecinos centroamericanos.
Nicaragua tiene un sistema electoral carísimo por diseño, debido a que su marco electoral surge de un apoyo financiero internacional para que la población se alejara de la guerra. Como suele ocurrir en estos casos en que a uno le proponen gastar mientras otro es el que paga, la racionalidad y la austeridad no fueron criterios importantes en la Ley Electoral, y después de las elecciones de 1996, los donantes condicionaron su apoyo a la racionalización de costos.
Otros dos grandes factores que agravan la estructura de costos son la ineficiencia y duplicación de labores que resulta del actual diseño electoral partidarizado y poco técnico, así como la corrupción que fomenta esta estructura.
El detonante de la actual situación fue un cálculo político injustificable en lo económico. La reforma electoral del 2000 acabó de manera abrupta con el apoyo internacional a las elecciones por dos razones: El desencanto de los donantes con una Ley altamente antidemocrática y el hecho que las reformas creaban costos adicionales. Esto causó que entre el 2000 y 2002 hubiera que pagar por unos costos que el país no tiene capacidad de asumir.
En el área de los costos agravados por la Ley Electoral del año 2000, se destacan tres: El incremento de cinco a siete en el número de magistrados propietarios (más tres suplentes con salario fijo) y la creación de 151 Consejo Electorales Municipales. El tercer ejemplo es el aporte del uno por ciento del presupuesto estatal a los partidos para sus campañas nacionales (siete millones de dólares en el 2001, casi 20 por ciento del costo electoral).
En el área de problemas de vieja data, se agravan dos con cada elección: En términos comparativos, lo único que podría justificar que Nicaragua tenga un costo marginal adicional a la norma regional de entre dos y siete dólares por voto, es el voto domiciliar, un valioso e importante esfuerzo de acercar la urna al votante, responsable del gran haber del sistema democrático nicaragüense: El elevadísimo índice de participación ciudadana. Sin embargo, el costo excesivo emana de una confusión entre este legítimo deseo de acercar la urna al votante, particularmente en lo rural, con una arbitraria limitación de 400 votantes por junta receptora que obliga al CSE a establecer unas 3,000 JRV más de lo conveniente. Propongo lo siguiente, con los respectivos ahorros en dólares:
Reducir el CSE a tres magistrados, así como el personal adscrito a ellos. Esto significa un ahorro de dos a cuatro millones de dólares anuales.
Eliminar los Consejos Electorales Municipales. Ahorro de al menos un millón de dólares por período electoral.
No pagar (el CSE) los fiscales de partidos. Integrar el personal de las JRV con estudiantes y maestros en servicio civil, medidas comunes en el mundo, que también contribuyen a despartidarizar la institución, con un ahorro aproximado de un millón de dólares.
Reducir la asignación estatal a los partidos a un dólar por voto válido recibido. Ahorro: entre cuatro y seis millones de dólares en las próximas elecciones nacionales.
Reducir la cantidad de JRV al ampliar el número de votantes de 400 a 800. El ahorro de unos 1,000 dólares por JRV, equivale a unos tres millones de dólares por proceso electoral.
Juntar las elecciones regionales con las municipales, lo que ahorraría aproximadamente cuatro o cinco millones de dólares.
Superar la desconfianza y la conflictiva cadena de mando que duplica posiciones, aumenta costos y baja la calidad de los productos obtenidos. Los ahorros asociados con la eficiencia, resultado de una despartidarización de la institución, significan entre dos y cuatro millones de dólares por período electoral.
Aumentar la rendición de cuentas y los controles sobre la asignación presupuestaria al CSE.
Establecer una estructura electoral flexible a todos los niveles, que se adecue, con un mínimo de trauma financiero y personal, a las tareas de los años electorales y no electorales. En ese sentido, al hablar de una institución ágil y técnica no hablo de quitarle su status de Poder del Estado, calidad que debe retener.
Estas propuestas tocan solamente uno de los cinco vicios o problemas del marco regulador electoral, diagnosticados a profundidad por numerosos observadores nacionales e internacionales. Para adecuar integralmente el marco legal electoral se debe —además de abordar el tema de los costos— eliminar la exclusión, la partidarización, la débil regulación del financiamiento de campañas y el escaso vínculo entre electores y elegidos, temas de gran trascendencia e igualmente urgentes de solventar.
El autor es directivo del Grupo Cívico Ética y Transparencia.
