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Quiero referirme al editorial del viernes cuatro de abril titulado “Intolerancia y totalitarismo ideológico” y al reaccionar a su contenido deseo retomar lo que me parece que en el centro del texto expresa la intención del autor:
“Es necesario reconocer que en Nicaragua la lucha ideológica se libra generalmente con lenguaje fuerte, con descalificaciones personales y, a veces, con ofensas, de lo que no escapan unos y otros”.
El teólogo y mártir Ignacio Martín Baró, en su obra antológica “Psicología social de la guerra” refiriéndose al contexto salvadoreño que en gran medida se asemeja al nuestro a partir de los años noventa, finalizada la guerra civil, dice:
“El trauma psicosocial experimentado por las personas denota entonces unas relaciones sociales enajenantes, que niegan el carácter humano del ‘enemigo’ al que se rechaza como interlocutor en cuanto tal y al que incluso se busca destruir. La afirmación de la propia personalidad es afectada por la deshumanización del otro frente al que dialécticamente se construye”.
El editorial hace un intento de mediar y de contribuir a la despolarización y al conflicto planteado entre dos grupos que provienen de ideologías distintas pero no lo logra y lamentablemente cae en la actitud que critica.
El campo pagado del grupo Pro-Vida y ad láteres en el que está la acusación a la que se refiere el editorial, se destina oficiosamente a solicitar al Presidente, públicamente y argumentando graves faltas contra la moral, costumbres y tradición nicaragüenses, la destitución de dos mujeres líderes de sus respectivas representaciones ante el Conpes y de las distintas comisiones y organizaciones donde han sido delegadas por sus respectivas asociaciones y para cuyos cargos fueron seleccionadas por el gobierno.
La acusación además de ser dura es la culminación de una serie de ataques sistemáticos que el grupo Pro-Vida viene realizando contra sectores que no comparten su punto de vista en lo relativo a la aplicación de la ley en materia de aborto terapéutico. Constantemente se ha llamado criminales a personas que simplemente han considerado (y aquí me incluyo, por una alusión directa de Élida Zelaya de Solórzano), que en una situación como la reciente de la niña embarazada por violación, se justifica la aplicación del Código Penal que nos rige, decisión final que se consumó y cuya legalidad fue ratificada por la Fiscalía del Estado.
Lamentablemente el editorial trae a colación el tema de la libertad de expresión, atribuyéndole a la Red de Mujeres, la maternidad de la aún incomprendida y debatida propuesta Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, aplicándole de una vez el prejuicio visceralmente antisandinista.
Cabe recordar que la Red de Mujeres Contra la Violencia siendo un movimiento de la sociedad civil ha marcado con meridiana claridad su autonomía de todo partido político, hecho que ha demostrado en la defensa y protección de mujeres agredidas aún cuando sus agresores hayan sido connotados dirigentes o militantes de determinados partidos.
Considero que demasiada carga emocional hay tras los argumentos con los que se pretende respaldar a Anprovida, cuyos principales representantes, Rafael Cabrera igual que Élida ya mencionada, se regodean a través de artículos diligentemente publicados en este medio, insultando a su antojo.
Dado que participo en mi carácter personal en el Consejo Editorial de este Diario, invitación a la que accedí gustosa para contribuir con la necesaria concertación nacional, expreso públicamente mi posición e invito a la ciudadanía a manifestarse alrededor del tema de la libertad de expresión, asunto en el que deberían de involucrarse los y las lectoras en un permanente y saludable diálogo con los (as) editorialistas.
La autora es enlace de la Coordinadora Civil.
