La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), está demandando solidaridad con los 28 periodistas cubanos independientes, que son víctimas de la más reciente ola represiva desatada por la dictadura comunista de Cuba.
Como se sabe, algunos de esos periodistas ya fueron condenados a penas de 15 a 20 años de cárcel, y otros podrían ser sentenciados hasta a prisión perpetua, por el increíble “delito” de informar y disentir del régimen comunista de la isla esclavizada del Caribe.
LA PRENSA, que pertenece a la SIP junto con alrededor de 1,300 periódicos de las Américas (del Sur, Centro y Norte), respalda esta campaña con toda la autoridad moral y el compromiso que se deriva de haber recibido la solidaridad internacional, cuando era reprimida por una dictadura totalitaria que nació en Nicaragua como hija bastarda de la tiranía comunista de Cuba.
“El principal grave acto emprendido por los periodistas acusados es haber escrito artículos críticos en ejercicio de su libertad de expresión, haber enviado artículos periodísticos al exterior, haber participado en la creación de revistas o agencias de noticias, y haber circulado libros o revistas supuestamente subversivos. No hay crimen alguno sino haber disentido con el gobierno”, señala el presidente de la SIP, periodista mexicano Andrés García, en una carta que envió al Presidente de Nicaragua, que se la entregaremos personalmente al regreso de su gira actual por Europa y Estados Unidos.
A los periodistas ya condenados por los tribunales estalinistas de Cuba, y a los que esperan condena, se les acusa de “escribir contra el gobierno” (según rola en el expediente de la acusación), así como de haberse entrevistado con James Cason, director de la Oficina de Negocios de Estados Unidos en Cuba, y haber organizado “reuniones subversivas” en sus domicilios; de colaborar con “una organización terrorista francesa que es manipulada por el gobierno de Estados Unidos” (Reporteros sin Fronteras), y con la Fundación Hispano-Cubana que tiene su sede en Madrid, igualmente calificada de “terrorista” y acusada de estar relacionada con Estados Unidos.
Los periodistas independientes cubanos que ya fueron condenados (anteayer siete de abril) a 20 años de prisión son Raúl Rivero, director de la agencia Cuba Press; Ricardo González, corresponsal de Reporteros sin Fronteras y director de la primera revista disidente De Cuba, para quien el fiscal había solicitado cadena perpetua; Oscar Espinosa Chepe, colaborador del sitio cubanet.org.; y Héctor Maseda, miembro de la agencia de prensa Grupo de Trabajo Decoro.
Aunque nada de lo que ocurre en la realidad es increíble —desde luego ocurre—, sin embargo no encontramos otra expresión más apropiada para manifestar nuestro asombro por lo que está haciendo la tiranía comunista de Cuba contra periodistas independientes, defensores de derechos humanos y activistas cívicos por la celebración de elecciones libres y el establecimiento de las libertades y los derechos individuales.
Parece una pesadilla, en realidad, que a estas alturas, en América —una tierra que se enorgullece de ser heredera de la cultura occidental que se basa precisamente en la práctica de la libertad, el derecho y la justicia—, se esté reprimiendo de esa manera a las personas e imponiéndoles penas de prisión de 20 y 30 años, inclusive de cadena perpetua, sólo porque además de pensar como todos los seres humanos, expresan en privado y en público lo que piensan y porque ejercen el sagrado derecho natural y humano a informar.
Al respecto la organización internacional Periodistas sin Fronteras (PSF) anunció que pedirá a la Unión Europea que se congele el trámite de ingreso de Cuba a los Acuerdos de Cotonou, que permiten a 77 países africanos, caribeños y del Pacífico recibir ayuda económica y tratamiento preferencial en sus relaciones comerciales con Europa.
Se trata sin dudas de una acertada decisión de PSF. Por su parte el presidente Enrique Bolaños debería retirar la misión diplomática del gobierno nicaragüense acreditada en La Habana, como una mínima demostración de solidaridad con las personas que son reprimidas brutalmente en Cuba por ejercer sus derechos humanos más elementales.
Eso es lo menos que podría hacer el jefe de Estado de una nación que también fue víctima del totalitarismo comunista, y que inclusive personalmente conoce muy bien lo que significa la solidaridad para quienes aspiran a la libertad.
