- El fondo judicial se financiará a través del Programa de Servicios Comunes, que incluye la conformación de un equipo de jueces embargantes y requirentes
Ary Neil Pantoja [email protected]
Con el fin de combatir la corrupción en los funcionarios del Poder Judicial, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, anunció la puesta en marcha del Programa de “Servicios Comunes” que incluye la conformación de un equipo de jueces embargantes o requirentes en los juicios civiles, el establecimiento de un archivo común y la creación del fondo judicial.
La propuesta ya fue presentada por Ramos al pleno de la CSJ y la idea, según dijo, es establecer los “servicios comunes” para que el dinero recaudado a través de éstos, pase a conformar el fondo judicial.
Agregó que dicho fondo contribuirá al establecimiento de las pensiones de retiro para los funcionarios judiciales, sin depender de la asignación presupuestaria anual del gobierno.
Ramos dijo que el fondo también será utilizado en casos de emergencia de los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial, como atención por enfermedades y cualquier otro servicio social que requieran los empleados de este poder del Estado.
La presidenta de la CSJ consideró que en la medida en que se le otorguen beneficios a los funcionarios judiciales, sobre todo a los jueces, se les exigirá mayor rendimiento en su trabajo y se evita la corrupción. “Si les damos una serie de beneficios les podemos exigir con mayor rigor un comportamiento acorde con la ética”, agregó Ramos.
CONTARÁ CON APOYO VASCO
Aunque falta ultimar detalles sobre el Programa de Servicios Comunes, Ramos dijo que presentaron la propuesta a las autoridades del País Vasco, las que se mostraron anuentes a cooperar con asistencia técnica y capacitación.
“En mayo vamos a tener la visita de una consultora que vendrá a evaluar la situación y decirnos cómo podemos instalarlo (el Programa de Servicios Comunes)”, expresó Ramos.
LOS COBROS DE LOS SERVICIOS
La magistrada aclaró que no se trata de imponer nuevos cobros por los servicios que presta el Poder Judicial, sino ordenar los que ya están establecidos mediante la Ley Orgánica y los cuales serán menores que los cobros que se hacen actualmente.
Citó como ejemplo el arancel de 350 córdobas que cobran los jueces civiles por la realización de un matrimonio. Éste se mantendrá, pero ya no le quedará al juez que realiza el matrimonio, sino que pasará a una caja común.
“El mecanismo ya se establecerá posteriormente con las autoridades pertinentes del gobierno, de tal manera que ese dinero se revierta a favor del Poder Judicial”, dijo Ramos.
ELIMINANDO PRÁCTICAS
El Programa de Servicios Comunes, tiene como objetivo eliminar la relación directa jueces y partes involucradas en un juicio, explicó la Presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos.
“Esto es para que los jueces no anden cada quien por su lado saliendo del Juzgado a realizar ese tipo de actividades, por las cuales perciben dinero y que establece una relación directa con los litigantes. Todas estas prácticas pueden ser eliminadas de esta manera”, reiteró Ramos.
Según Ramos, con el equipo de jueces requirentes y embargantes se evita que el mismo juez que conoce una causa civil, reciba dinero por el servicio que presta, permitiendo que el mismo vaya al fondo judicial y, además, evita caer en “actos indebidos o de corrupción”.
COBRO POR REQUERIMIENTO
La propuesta de cobro por requerimiento de pago (aún en discusión) se desglosa así: si el requerimiento de pago es de 100,000 córdobas, el cobro judicial será de 1,000 córdobas; arriba de 100,000 y hasta un millón, el juez cobrará 3,000; y más de un millón, el cobro judicial será de 5,000 córdobas. Tras insistir que lo recaudado será destinado al fondo judicial, Ramos recordó que actualmente el arancel establecido es del uno por ciento sobre el monto requerido.
