El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Norman Caldera, comparece hoy ante la Asamblea Nacional para informar sobre el apoyo político del gobierno del presidente Enrique Bolaños a Estados Unidos, en la guerra de Irak.
La comparecencia de los ministros ante la Asamblea Nacional, ya sea mediante el envío de informes, o con su presentación personal para responder preguntas, o para ser interpelado, es un mecanismo indispensable para garantizar el funcionamiento de la democracia. En realidad, es atribución de la Asamblea Nacional (inciso 4 del artículo 138 de la Constitución): “Solicitar informes a los ministros y viceministros, presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales. También podrá requerir su comparecencia personal e interpelación. La comparecencia será obligatoria, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial”.
Y agrega el mencionado artículo constitucional que: “Si como consecuencia de la interpelación, la Asamblea Nacional, por mayoría de sus miembros, considera que ha lugar a formación de causa, el funcionario interpelado perderá desde ese momento su inmunidad”.
Ciertamente, aunque los ministros son nombrados por el Presidente de la República y es a éste al que rinden cuenta de su actos, sin embargo deben comparecer ante la Asamblea Nacional cuando lo requieran los diputados, pues una de las funciones del Poder Legislativo es controlar políticamente al gobierno.
Mas, la Asamblea Nacional no puede destituir ni pedir la destitución de ningún ministro. Como dice el precitado artículo constitucional lo más que pueden hacer los diputados en relación con los ministros es quitarles la inmunidad para que sean juzgados por juez competente, pero sólo cuando se les compruebe que hubieren cometido delito tipificado en el Código Penal, no cuando se les ocurra a los diputados, y mucho menos por razones estrictamente políticas como es la determinación de la política exterior del Estado. Esto, como es sabido, le corresponde exclusivamente al Presidente de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el artículo 150, inciso ocho, de la Constitución; y con el artículo 19, inciso a, de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
De manera que los diputados pueden pedir al Canciller la información que quieran sobre la posición del gobierno ante la guerra en Irak, puesto que él es el encargado de formular, proponer y ejecutar la política internacional de Nicaragua, pero no tienen derecho a interpelarlo por eso.
Además, no es sólo por motivos legales que el Canciller no debe temer a los diputados que lo han amenazado con castigarlo —a él y al Presidente de la República— por el apoyo político que han brindado a Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo internacional en Irak, sino también y ante todo por razones morales.
Los diputados no tienen razón de apoyar al régimen terrorista y genocida de Irak, y les debería dar vergüenza respaldarlo. Cada quien puede tener la simpatía política que quiera, pero es penoso que se apoye a un régimen que auspicia acciones terroristas como las del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington D.C.; que se respalde a un tirano que asesinó a decenas de miles de personas, inclusive a sus propios yernos y otros de sus parientes; que mandó a colocar baterías antiaéreas y otras piezas de artillería en hospitales y escuelas, y ha puesto a centenares de personas civiles como escudos humanos para que los ataques de los aliados provoquen cuantiosas bajas inocentes.
Es indecoroso defender a quien, como Saddam Hussein, convirtió a su pueblo en uno de los más miserables del mundo después de haber sido uno de los más prósperos del Oriente Medio; un demencial dictador que se hacía construir fabulosos palacios y se rodeaba de lujos increíbles; que obligó a los iraquíes a donar sus prendas de oro personales, supuestamente para financiar la “defensa” nacional, pero luego se exhibió en las calles de Bagdad, montado en carrozas de oro macizo.
En realidad, son los diputados que apoyan a Saddam Hussein y su monstruoso régimen terrorista quienes deberían ser interpelados y destituidos, puesto que además de apoyarlo aspiran a imponer en Nicaragua un régimen como el de Irak, que ofende la dignidad y el decoro de la humanidad.
