Diputado Navarro señala “boomerang” en Ley de Igualdad

La legislación nicaragüense tendrá que modificarse, una vez que se apruebe la Ley de Igualdad de Oportunidades, para equiparar los derechos y obligaciones ciudadanas para hombres y mujeres, que en algunos casos afectará a las mujeres, según el diputado Wilfredo Navarro.

Un ejemplo de estas afectaciones, según el diputado del ala arnoldista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), es el aumento en los años de cotización para jubilación, establecidos en el Reglamento de la Ley de Seguridad Social aprobada en 1982.

Dicho reglamento establece que para jubilarse por vejez, es necesario tener 60 años de edad. En el caso de los maestros, requieren haber cotizado durante 31.2 años continuos, en tanto las maestras, solamente 15.6 años. En esta norma, hay desigualdad de hecho, pero en beneficio de las mujeres.

El Reglamento a la Ley de Seguro Social, indica en el inciso “b” del artículo 55, que tienen derecho a una pensión de vejez “las maestras de educación de cualquier nivel al cumplir 55 años de edad, siempre que acrediten haber cumplido con las cotizaciones exigidas en el acápite anterior (750 semanas); los maestros varones podrán jubilarse a partir de los 55 años, si acreditan 1,500 cotizaciones semanales”, indica.

“Hay que equiparar la ley, o se pone a todos por igual o se hace una ponderación, esas son las cosas que se deben mejorar, hay que discutirlo. Se dice que el hombre tiene mayor capacidad de trabajo físico. Las mujeres nunca van a ser iguales al hombre físicamente, porque no levantan el mismo peso, pero intelectualmente son iguales al hombre y eso hay que destacar. Tendría que ajustarse esta ley o equipararla, no hay que anatemizarla”, dijo Navarro.

CRITICA “LIBERTINAJE SEXUAL”

El legislador liberal comentó que respaldan la ley en lo general, pero se opone a algunos temas puntuales, por considerarlos un libertinaje sexual.

“El problema es moral y de idiosincrasia de los nicaragüenses. La ley es buena porque rescata los derechos de las mujeres con relación al hombre, por ejemplo, la proporción en el trabajo, al pago igual por trabajo igual, en eso nadie puede oponerse, porque las mujeres se lo han ganado en Nicaragua”, comentó Navarro.

“El problema es que hay préstamos culturales. Unos dicen que es de avanzada y otros que vienen en decadencia, por ejemplo, deja de manera oscura el cambiar la conformación de la familia, lo que permitiría que las personas independientes de su sexo, puedan tener derecho a la opción sexual y que sea reconocida por el Estado”, dijo Navarro.

“No se habla necesariamente de homosexualidad y lesbianismo, pero cuando se habla del derecho a una opción sexual, significa que cualquiera la puede tener con un hombre o una mujer. Eso trastoca los valores morales y abre la puerta para que una pareja del mismo sexo pueda adoptar hijos. Por ejemplo, subrepticiamente se deja abierta la puerta para el aborto”, insistió.

LA CABALLEROSIDAD NO REQUIERE LEY

Comentó que la ley debe considerarse para la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, no como el deseo de imponer un género sobre el otro.

Navarro dijo que el cederle el asiento a una mujer en una unidad de bus, es sencillamente un acto de cortesía que no tiene por qué ser regulado por una norma. “Eso es extremismo, la ley no es taxativa, hay normas de caballerosidad que no se van a variar con una ley. Aunque ésta diga que los hombres y las mujeres somos iguales, siempre le voy a ceder el lugar a una mujer aunque la ley no lo establezca, y aunque hayan unas mujeres machistas que digan que eso es ofensivo para ellas”, sentenció.

Wálmaro Gutiérrez de la bancada del Frente Sandinista (FSLN), recordó que la iniciativa se deriva de un principio constitucional, en el que se le ordena al Estado garantizar a todos los nicaragüenses los derechos por igual, y la mujer por su condición de sexo, ha sido discriminada.

“Obviamente no existe ley perfecta, pero el objetivo fundamental es garantizar derechos y oportunidades a favor de las mujeres”, comentó.

“Es falso que la iniciativa pretenda establecer relaciones con personas del mismo sexo. El hecho que se hable de salud reproductiva no significa que se apruebe la figura del aborto, porque el instrumento legal para eso se está discutiendo una reforma al Código Penal, en el que se debe abordar esa figura. No es cierto que se deja abierta esa posibilidad”, aseguró.

Dijo estar claro que una ley no garantiza que por ello exista igualdad entre hombres y mujeres “pero sienta la pauta para eso, estoy claro que es un problema cultural”, dijo.

Gutiérrez dijo estar de acuerdo que al aprobarse esta ley, debe revisarse la legislación nicaragüense. “Igualdad significa que el hombre es igual a la mujer, no tiene porqué haber cuestiones preferenciales. Hay que revisar las leyes y analizar caso por caso”, comentó.

COSEP SE OPONE

Anastasio Somarriba, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), estimó “coercitiva” esta iniciativa de ley, porque considera que pone en riesgo la inversión extranjera y atenta contra el sector privado nicaragüense. Somarriba criticó particularmente los artículos que proponen establecer “un sistema de cuotas y una súper comisión interinstitucional encabezada por el Instituto Nicaragüense de la Mujer (Inim), para selección de empleos, así como la obligatoriedad de la revisión periódica del salario mínimo del personal femenino”, indica.

“Con esas disposiciones, se inmiscuyen en el ejercicio de las actividades económicas de los particulares y del sector estatal, violando la libertad de empresa, al encomendar a una comisión gubernamental, funciones que corresponden exclusivamente a la administración y dirección de las empresas privadas”, dijo Somarriba.

“Esa Ley contiene demandas que ningún gobierno tendría capacidad de realizar, porque se tendrían que crear instancias en todos los ministerios y empresas, para buscar la igualdad (de las mujeres), lo que sería deseable pero que no es posible, porque vivimos en un país empobrecido”, agregó.

Agregó que la posición del Cosep, le fue planteada a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en una comunicación oficial, que ratificaron todas las cámaras empresariales del sector privado.