Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Contraloría General de la República (CGR) notificó al Presidente Ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), Mario Montenegro Castillo, la decisión de la entidad fiscalizadora de realizar una auditoría en la estatal empresa eléctrica, para verificar los hallazgos de una firma auditora que presume irregularidades que dejaron millonarias pérdidas para el Estado.
Según el contenido de la carta de notificación, fechada el primero de abril de 2003, son siete los auditores que van a trabajar en las investigaciones del caso de Enel, que incluye a la Generadora Eléctrica de Occidente Sociedad Anónima (Geosa), las plantas geotérmicas Momotombo y San Jacinto Tizate, y reclamos de Unión Fenosa.
Las presuntas irregularidades con resultados negativos para el Estado presuntamente se habrían cometido cuando el actual mandatario Enrique Bolaños, presidía la Junta Directiva de Enel.
En la carta que enviaron los contralores a Montenegro, le informan que los auditores que estarán a cargo de las investigaciones son: Nilton Ramón Rueda Blandón, Director de Auditorías del Sector Infraestructura, Transporte y Ambiente; Eveling Loáisiga Toruño, supervisora; María Lourdes Navarro Canales, Félix Antonio García Laínez, Ricardo Antonio Picado Cerda, Alejandro Ortega Landero, asesor legal, y Luis Alberto Rodríguez Jiménez, coordinador jurídico.
La firma de contadores públicos Grant Thorton encontró irregularidades relacionadas a la entrega a manos privadas de las plantas geotérmicas Momotombo y San Jacinto Tizate, así como presuntas irregularidades en reclamos que hace la empresa Unión Fenosa al Estado de Nicaragua.
En el caso de las plantas geotérmicas, la auditoría de Grant Thorton señala que el Estado no ha obtenido beneficios económicos y que, por el contrario, le ha ocasionado pérdidas. Sobre los reclamos de Unión Fenosa dice que no tienen respaldo.
Montenegro por su parte descalificó los resultados de la auditoría realizada por Grant Thorton y dijo que los auditores no habían investigado bien.
PIDEN CONTRATO A MONSEÑOR MATA
En otro orden, los contralores colegiados solicitaron a monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, Presidente del Consejo Superior de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, que envíe a la entidad fiscalizadora, copia certificada del contrato laboral entre dicha universidad y el procurador en funciones, Francisco Fiallos.
Mata denunció en la Contraloría que Fiallos, además de ejercer la función pública como subprocurador, devengaba un salario de 41 mil córdobas mensuales como rector de la mencionada universidad. De acuerdo a Ley de Integridad Moral de los Funcionarios Públicos, éstos no pueden realizar actividades privadas, ocupando cargos y tiempo de la jornada laboral. Fiallos asistía a la universidad, ubicada en Estelí, los días viernes.
La resolución ordena notificar a Fiallos, para que éste en un lapso de cinco días presente su declaración para refutar los señalamientos que hizo Mata.
