- Organismo se mantiene atento al progresivo deterioro de la
institucionalidad democrática
EFE
WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, expresó en un informe su preocupación “por el progresivo deterioro de la institucionalidad democrática” en América Latina, donde se siguen dando intentos de golpe de estado.
La CIDH presentó el jueves su informe anual del 2002 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente, que incluye la situación de los derechos humanos en las Américas, dijo ayer la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH dijo que el año pasado el respeto a los derechos humanos fue objeto de especial atención en Colombia, Cuba –que no es miembro de la OEA–, Haití y Venezuela, a los que formuló observaciones, conclusiones y recomendaciones.
“Muchas democracias exhiben debilidades institucionales e incluso se ven expuestas a intentos de golpe de estado o alteraciones del orden constitucional”, señaló la presidenta de la comisión, Marta Altolaguirre.
Indicó que “afortunadamente”, los Estados miembros de la OEA son actualmente consistentes en su rechazo colectivo a estos intentos, mediante la invocación de instrumentos como la Carta Democrática Interamericana.
No obstante, expresó la preocupación de la CIDH porque los límites al poder público determinados por la propia normativa interna del Estado son, en algunos casos, burlados o ignorados, en perjuicio de la plena vigencia del Estado de Derecho.
Además, puso de relieve que esta situación se ve agravada por la falta de acceso efectivo a la justicia.
Y agregó que esto no sólo contribuye a perpetuar la falta de eficacia y la impunidad que aqueja el funcionamiento de los sistemas judiciales del hemisferio, sino que provoca la exclusión de los ciudadanos de la administración de justicia.
La presidenta de la CIDH manifestó que la desconfianza hacia los sistemas de justicia se acentúa respecto a los más vulnerables cuando sufren discriminación y cuando no se les facilita un acceso efectivo a la determinación de sus derechos.
Según su visión, estos factores coinciden con la creciente sensación de inseguridad de la ciudadanía frente a la violencia y la criminalidad crecientes, así como la tendencia a tomar la “justicia” por su propia mano.
Altolaguirre hizo hincapié en la importancia de que los países de la OEA garanticen a los defensores de derechos humanos y otros operadores de justicia el libre ejercicio de sus tareas, así como su seguridad personal.
Resaltó que en el 2002, la CIDH recibió muchas denuncias y solicitudes de medidas cautelares que se refieren a actos de hostigamiento y ataques contra defensores de los derechos humanos.
Asimismo, destacó la labor realizada con relación a grupos especialmente vulnerables, a través del trabajo de sus relatorías especiales para los derechos de los niños, las mujeres, los pueblos indígenas y los trabajadores migratorios.
OTROS PROBLEMAS
El informe de la CIDH, también hizo referencia a los problemas de corrupción, pobreza, exclusión y brechas sociales, económicas, étnicas y de género, como elementos que contribuyen a la inseguridad jurídica y, por lo tanto, a la inestabilidad de las democracias latinoamericanas.
