José Adán Silva [email protected]
Los abogados miskitos que desde Puerto Cabezas organizan una demanda contra el Estado de Nicaragua por sucesos ocurridos durante la guerra civil de los años ochenta, solicitarán en los próximos días una visita a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para pedir, por ese medio, la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en la organización de su demanda.
Esta información fue suministrada por Osorno Coleman, uno de los abogados de esa etnia indígena quien impulsa un censo en la población miskita de las riberas del río Coco, que en 1981, 1982 y 1983, fue desplazada de sus lugares de origen por operaciones militares del Ejército Popular Sandinista.
Durante el desplazamiento muchos indígenas murieron, y más de tres mil familias perdieron todas sus pertenencias. Según Coleman, a finales de esta semana estarán en la oficina de la OEA en Managua solicitando información sobre cómo pedir la intervención de esa organización en sus reclamos. El argumento esgrimido por los abogados es que la CIDH documentó las investigaciones en los años en que ocurrieron los hechos, y que en par de resoluciones solicitó al Estado de Nicaragua pagar a los miskitos afectados por los daños sufridos en esos sucesos.
CIDH RECOMENDÓ RESARCIR DAÑOS A LOS MISKITOS
En dos informes elaborados entre 1982 y 1983 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la situación de los derechos humanos de la población nicaragüense de origen miskito que fue desplazada de las riberas del río Coco, se recomendó la indemnización económica a las comunidades étnicas, sin que el Gobierno de aquel entonces cumpliera las recomendaciones.
Según sendos documentos de la CIDH, el Estado nicaragüense reconoció en 1982 haber quemado las casas, cosechas, ganado, templos, cultivos y medios de los miskitos, bajo el argumento de no dejar provisiones y refugio a las bandas armadas rebeldes. Debido a esta confesión, la Comisión recomendó al Gobierno Sandinista que indemnizara a los afectados en el traslado forzoso de sus comunidades a campamentos del interior del país.
“Respecto a la destrucción de las casas, cosechas, animales y otros bienes de los miskitos, con ocasión de los traslados, las propias autoridades del Gobierno expresamente han reconocido la efectividad de esos hechos. Cabría, por lo tanto, que el Gobierno, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, otorgara a los afectados una justa indemnización por tales destrucciones a su propiedad”, dice un primer informe preliminar sobre los hechos.
Recientemente un grupo de indígenas sobrevivientes a las operaciones militares de 1982, decidió plantear una demanda millonaria contra el Estado de Nicaragua por daños y pérdidas sufridas durante un desplazamiento masivo del que fueron objeto más de 50 comunidades indígenas que habitaban desde tiempos ancestrales en las riberas del río Coco, en la parte norte de la Costa Atlántica de Nicaragua.
ESTÁ EN LA RESOLUCIÓN FINAL
En una resolución final de la CIDH sobre “el procedimiento de solución amistosa sobre la situación de los derechos humanos de un sector de la población de origen miskito”, concluyó que el Estado no estaba cumpliendo con las recomendaciones.
“Ante la destrucción por parte de agentes del Gobierno de Nicaragua de las casas, cosechas y poblados en general, así como el sacrificio del ganado de las poblaciones miskitas, justificado por ese Gobierno aduciendo la necesidad de privar de recursos a los grupos armados que operan en la zona, la Comisión recomendó compensar económicamente a los miskitos cuyas propiedades hubieran sido destruidas por acción del Gobierno. Éste no ha dado cumplimiento a esta recomendación de la CIDH argumentando que los gastos incurridos por el otorgamiento de vivienda, comida, atención médica, tierras e instrumentos de labranza a las poblaciones ubicadas en los nuevos asentamientos constituye compensación suficiente”, dice el informe final sobre los sucesos violentos de 1982.
