Moisés Martínez yMirna Velásquez [email protected]
La nueva administración de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) debe asumir los 5 millones 253 mil 623 dólares por daños y perjuicios en caso que se mantenga una sentencia favorable para el empresario Ricardo Mas Canosa, en el proceso que éste lleva en contra de este consorcio, según José Dolores Talavera, abogado de Mas Canosa.
De acuerdo a Talavera, desde el inicio del proceso, Enitel enfrentó el juicio y ahora que existe una sentencia firme favorable a su cliente, apelan a una cláusula del contrato que establece que toda demanda realizada cuando era una empresa completamente estatal deberá ser enfrentada y en caso desfavorable, debe ser asumida por el Estado.
De acuerdo a Talavera, cuando Mas Canosa embargó en junio del año pasado 69 millones de córdobas de las cuentas bancarias de Enitel en el Banco de la Producción (Banpro), el actual Gerente General de Enitel, Carlos Ramos, se personó en el Juzgado. “Eso significa un consentimiento tácito de parte de Enitel de enfrentar el proceso como empresa. Ahí el Estado no está interviniendo”, dijo Talavera.
SE VIOLENTÓ CLÁUSULA CONTRACTUAL
Sin embargo, Talavera explicó que en este proceso judicial la cláusula del contrato de concesión referida a que el Estado debe enfrentar el proceso judicial no puede considerarse válida.
La afirmación de Talavera se basa en la cláusula 11.4 del acuerdo de compraventa de valores de Enitel, la cual establece que el Estado debe presentar una fianza u otra garantía por el monto embargado a más tardar diez días hábiles, a partir de la fecha de ejecución del embargo.
“El Estado no se hizo cargo del embargo, diez días después efectuamos el embargo, por eso es que critico a la Procuraduría General de la República (PGR), porque no actuó en el tiempo correcto en este proceso”, afirmó Talavera.
“Ellos (Enitel) lo que tenían (que) haber hecho es convertirse en colaboradores del Estado en el proceso, pero ellos hicieron el procedimiento a la inversa. En la ruta procesal ellos han asumido todo a nombre de Enitel. Ahora quieren tirarle la papa caliente al Estado, sacando de la manga esa cláusula del contrato”, añadió.
La semana pasada, la demanda fue apelada por Rodolfo Arce, asesor legal de la Unidad Residual de Enitel (Uretel), encargada de velar por el 49 por ciento de las acciones pertenecientes al Estado.
“Él (Arce) se ha presentado al Juzgado como representante de Enitel y no de Uretel. Es la Procuraduría la que debió intervenir en el tiempo que establece el mismo contrato”, opinó por su parte Talavera.
PROCURADURÍA PRESIONÓ, DICE JUEZ
En un informe enviado por la juez Yelba Aguilera ante la Comisión de Régimen Disciplinario, indica haber sido sujeta a presiones de parte de la Secretaria Ejecutiva de la Procuraduría General de la República, Diana Avendaño, quien le presentó un proyecto de sentencia para que fallara a favor del Estado en este caso.
Al ser preguntado al respecto, el vocero de la Procuraduría, Sergio Boffelli respondió que, por su cargo, Avendaño supervisa los diferentes procesos específicos a través de visitas a los tribunales.
Cabe señalar que con una sentencia favorable, el Estado no se vería en la obligación de asumir la deuda que supera los cinco millones de dólares.
Aunque no desmintió la versión judicial, Boffelli expresó que comparecer ante un juez para acompañar al procurador auxiliar del caso, “no tiene nada de especial ni extraordinario”.
Añadió que la Procuraduría apeló el fallo en contra de Enitel a través de Rodolfo Arce Rodríguez, abogado de Unidad Residual de Enitel (Uretel), basados en que dicha entidad maneja la porción estatal dentro de Enitel.
