Mirna Velásquez Sevilla [email protected]
Cien expedientes donde los procesados por delitos vinculados a drogas fueron puestos en libertad desde 1999, serán investigados por la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó ayer el magistrado Rafael Solís.
Solís afirmó que cada judicial deberá enviar un informe sobre cada una de las personas puestas en libertad, y a partir de ahí se centrarán en investigar los casos donde la cantidad de droga incautada sea considerable.
Contrario a lo que establece la Ley de Estupefacientes y otras Sustancias Controladas, en torno a los privilegios para indiciados por tráfico o uso de drogas, el magistrado Solís afirmó que no serán tomadas medidas fuertes, como sanciones o destituciones de jueces, en casos donde se compruebe que los imputados fueron puestos en libertad siendo procesados por mínimas cantidades de droga.
“Si la mayoría de los casos son de personas que salieron en libertad porque tenían más de setenta años, porque hay muchas mujeres en esa lista, o porque ya estaban enfermos o en peligro grave de muerte, y se trata de cantidades mínimas de droga, personalmente creo que no es necesario que sancionemos a estos jueces, no se trata ahora de aparecer en una cacería de brujas en el Poder Judicial”, añadió el magistrado.
“La Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier Ley. No es lo mismo un traficante que haya sido detenido con 500 kilos de cocaína, que una señora que haya traído pegado a su cuerpo un gramo cocaína o marihuana, es diferente”, fue la respuesta del presidente de la Comisión Disciplinaria tras ser cuestionado sobre la rigurosidad de la Ley 285, en cuanto a no ceder ningún privilegio a los procesados por ese tipo de delitos.
Explicó que la Corte no puede ser tan drástica con los judiciales y recordó que el Parlamento ha indultado en años anteriores a reos que fueron enjuiciados por delitos vinculados a drogas.
