La Corte Suprema de Justicia registró un average de 27 por ciento en el índice de confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales, en la última encuesta de CID-Gallup que publicamos la semana pasada.
Según esa información, el Poder Judicial está debajo del Ejército (37 por ciento) y la Policía (38 por ciento), pero encima de la Asamblea Nacional, que es la menos confiable de las instituciones con apenas 23 por ciento de credibilidad.
También en la encuesta de febrero pasado de M&R Consultores, la credibilidad del Poder Judicial salió mal parada, pues sólo el 11.5 por ciento dijo creer que éste sirve a los intereses populares.
Ahora bien, los últimos escándalos en que se ha visto envuelto el Poder Judicial por las actuaciones turbias y equívocas de algunos jueces, explican porqué la ciudadanía tiene tan mala opinión sobre esta institución del Estado. En realidad, la falta de credibilidad del Poder Judicial es particularmente alarmante porque la principal característica que debe tener la justicia es precisamente inspirar confianza a las personas, puesto que su correcta administración es la garantía fundamental de que a cada quien se le reconozca lo suyo y se respete lo que en derecho le corresponde. La justicia es la base de la convivencia pacífica y estable de la sociedad y el fundamento de la seguridad en los negocios y en las relaciones contractuales y laborales. Por eso es que se dice con toda razón, que una sociedad que desconfía de sus magistrados y jueces no crece espiritualmente ni se desarrolla económica y socialmente.
El problema fundamental del Poder Judicial es que a las deficiencias tradicionales y deudas históricas de retardación de justicia y vulnerabilidad de los magistrados y jueces ante las influencias políticas y los halagos económicos, se sumó la perversión que en todas las instituciones estatales y en la manera de hacer política provocó el pacto libero-sandinista de 1999 constitucionalizado en el 2000. El pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega para la repartición de los poderes públicos como botín de sus dos partidos, fue como un caballo de Troya de la corrupción que derrumbó las defensas éticas de la institucionalidad nicaragüense.
A pesar de todo, es evidente que los jueces y magistrados que actúan de manera equívoca y corrupta, son una minoría. Sin embargo, contaminan y desacreditan a todos sus colegas y al Poder Judicial en general.
En estas circunstancias es alentador que surjan del seno de la misma Corte Suprema iniciativas como la de su presidenta, magistrada Alba Luz Ramos, para tratar de corregir las fallas de conducta y actuación de algunos jueces. Sólo que, además de rotarlos, también se deberían aplicar las medidas drásticas contra aquellos a los que se compruebe negligencia y venalidad, tal como lo contempla el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: multas, suspensión de un mes a un año sin goce de sueldo, y destitución.
Al respecto es muy importante también la propuesta del Conpes de —entre otras cosas— crear un Consejo Superior de la Judicatura que atendería los asuntos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial. En realidad, sería magnífico que se relevara a la Corte de las engorrosas tareas organizativas, administrativas y disciplinarias, para que los magistrados se dediquen sólo a impartir justicia. Así se podría aliviar el grave problema de retardación de justicia y los magistrados dejarían de ser juez y parte en los asuntos organizacionales y de control interno.
Sin dudas que es muy difícil que se acepte esa propuesta del Conpes, pues en la potestad de nombrar y destituir a los jueces y de administrar recursos financieros y humanos radica el verdadero poder y beneficio de los magistrados. Pero el peor esfuerzo es el que no se hace, y aunque no se aceptara íntegramente la reforma que propone el Conpes, se podría alcanzar un acuerdo intermedio para avanzar en la depuración y mejoramiento de la administración de justicia.
El valor del derecho depende de lo que valen los jueces como personas, advirtió Eduardo Couture, el gran maestro jurídico uruguayo e internacional. Es cierto: Los magistrados y jueces son valiosos y respetables sólo si ejercen sus funciones con profesionalismo, ecuanimidad, sabiduría e integridad.
