Magistrados liberales y sandinistas del Consejo Supremo Electoral (CSE) reaccionaron al reportaje “Festín en el Poder Electoral” que publicamos el martes de esta semana, calificándolo como una “campaña” para desacreditar a dicha institución, porque, según ellos, el Presidente Enrique Bolaños quiere sustituirla con un organismo designado por el Poder Ejecutivo.
Es lo de siempre. Para estos funcionarios lo que desacredita a las instituciones y a ellos mismos no es su propia corrupción, sus abusos con los bienes del Estado y su ineficiencia, sino las informaciones y denuncias de esos vicios que se publican en los medios de comunicación.
Por supuesto que los magistrados electorales, liberales y sandinistas no pueden refutar los datos que publicamos el martes y el miércoles de esta semana sobre el festín que hacen en el CSE con los impuestos de la población que trabaja honradamente para producir la poca riqueza que funcionarios como esos despilfarran despiadadamente.
¿Acaso son inventos de LA PRENSA para desacreditar al CSE, los datos de que sólo el sueldo mensual de los 7 magistrados propietarios suma más de un millón de córdobas; que el de los 3 magistrados suplentes totaliza 368.430 córdobas; que los funcionarios de sus despachos consumen en sueldos más de 970 mil córdobas; y que los directores, subdirectores, asesores, etc., se embolsan más de 2 millones de córdobas mensuales en concepto de sueldos y honorarios?
Nosotros no sabemos si es cierto que el Presidente Enrique Bolaños quiere destruir al CSE y sustituirlo con un organismo integrado por personas dependientes del Poder Ejecutivo, como aseguraron dos magistrados electorales, uno liberal y el otro sandinista. Lo que sí sabemos es que desde antes de que Bolaños asumiera la Presidencia de la República, LA PRENSA ya había informado y denunciado la corrupción y la ineficiencia en el CSE, como consecuencia del pacto que el entonces Presidente de la República, Arnoldo Alemán, hizo en 1999 con el líder sandinista Daniel Ortega, precisamente para entre otras cosas propiciar la degradante situación que hay ahora en esa institución del Estado.
Pero no sólo LA PRENSA, sino también otros medios de comunicación han denunciado la inoperancia y el despilfarro en el CSE. Y lo mismo hicieron desde antes de que se instalara el actual Gobierno algunos organismos cívicos como Ética y Transparencia, igual que partidos políticos que fueron marginados por el pactismo libero-sandinista, tales como el Partido Conservador, el Partido Liberal Democrático, el Movimiento de Unidad Nacional, y otros.
Es más, algunas —las principales— de las propuestas que ha dado a conocer el Conpes (Consejo Nacional de Planificación Económica y Social) “para la reforma al marco jurídico-político del Poder Electoral”, fueron planteadas y argumentadas en varias ocasiones por LA PRENSA, en su columna editorial.
En realidad, si los magistrados del Consejo Supremo Electoral tuvieran un poco de decoro, aceptarían la crítica pública y acogerían las recomendaciones de reformas al Poder Electoral, o renunciarían a los cargos que ocupan de manera inmerecida para facilitar que otras personas verdaderamente capaces y apropiadas éticamente se encarguen de adoptarlas e implementarlas.
Ahora bien, las principales reformas en materia electoral que hemos propuesto y que además ha recomendado el Conpes, son, por ejemplo, la conversión del CSE en un instituto autónomo de carácter administrativo y técnico, la consagración del principio de no reelección presidencial en términos absolutos, la reducción sustancial del número de diputados y la adopción de un procedimiento de elección personal y directa de éstos, requieren de una previa enmienda constitucional. Lamentablemente, la reforma constitucional depende de los mismos políticos que avalaron y legalizaron el pacto libero-sandinista para la corrupción, y que predominan ahora como diputados en la Asamblea Nacional. Por lo tanto es muy difícil, por no decir imposible, que esos diputados quieran aprobar unas reformas para remover las consecuencias perversas del pacto que ellos aprobaron y ahora usufructúan.
Pero la peor lucha es la que no se hace. La verdad es que algo se podría avanzar en este campo, como ya se avanzó al obligar al CSE a restablecer el pluripartidismo. Para eso hay que reforzar la presión de la opinión publica, y por lo tanto seguiremos investigando y denunciando la ineficiencia y la corrupción en el Poder Electoral.
