Lucía de Boehmer
Se discute actualmente una ley sumamente peligrosa, la “Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades”. Esta ley contiene toda la agenda ultra-izquierdista de género y está siendo promovida por las feministas radicales en contubernio con la bancada sandinista y algunos diputados que no tienen sus conceptos muy claros.
El nombre escogido para esta ley es muy bonito y representa un ideal de la humanidad, aunque realmente el contenido, al contrario de lo que sugiere su nombre, atenta contra la familia, contra la empresa privada, contra la democracia, contra los valores y establece privilegios inconstitucionales por razón de sexo. Lo más peligroso de esta ley es que a través de ella se pretende anular cualquier otra ley que se anteponga a ésta y que le otorga poderes especiales a las organizaciones feministas y al Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), el que se convertiría en un súper ministerio con injerencia en los demás poderes del Estado.
Para comenzar, la Ley de “Igualdad” establece una separación y una diferencia entre sexo y género, ya éstos no estarían relacionados y por consiguiente un hombre puede optar por un género femenino y una mujer puede optar por un género masculino. Según la teoría de género existen 6 ó 7 géneros: masculino, femenino, lesbiana, homosexual, bisexual, transexual e indiferenciado. Las ideólogas de género insisten que la atracción entre hombres y mujeres es aprendida y forzada por la sociedad patriarcal, que es igual de natural la atracción entre personas del mismo sexo y por esta razón, según ellas, las leyes deben cambiar esta injusticia para darles la misma “oportunidad” y el mismo “derecho” de casarse y de formar una familia a los homosexuales. Esa “oportunidad” y esos “derechos” están contemplados en la ley a través de términos ambiguos, como “diversas o nuevas formas o modelos de familia”, “derechos sexuales y reproductivos” entre otros. El término de “derechos sexuales y reproductivos” es tan vago y amplio que puede incluir no sólo homosexualismo, sino también pedofilia, bestialismo, y cualquier otra aberración como derecho humano. Por supuesto que el aborto, como “derecho reproductivo” quedaría completamente legalizado.
Como se puede ver, la familia saldría muy afectada con esta nueva ley que le otorga derechos especiales a los homosexuales, pero el daño no termina allí. También acabaría con la autoridad de los padres sobre los hijos ya que pretende establecer “familias democráticas” en las cuales los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades que sus padres. Esto es absurdo. ¿Cómo van a tener los hijos menores de edad los mismos derechos y responsabilidades que sus padres cuando dependen totalmente de ellos?
En cuanto a la empresa privada, ésta recibiría un golpe mortal al imponérsele las cuotas de género y quitarles el derecho de escoger a sus empleados en base a la capacidad de éstos. Toda empresa será obligada a tener un comité de selección el cual equiparará en igualdad numérica a hombres y mujeres en los puestos de trabajo. Hay trabajos que no son adecuados para la mujer, por ejemplo, cargadoras o bodegueras. Para estos casos, las empresas se verán forzadas a proveer de herramientas especiales a las mujeres para que puedan cumplir con los trabajos pesados. Las empresas también deberán tener centros infantiles o guarderías para facilitarles el cuido de los hijos a todas sus trabajadoras.
Cualquiera que viva en Nicaragua se da cuenta que estas exigencias no las pueden cumplir las empresas nicaragüenses y que los costos les acarrearían la quiebra. Lo peor de todo es que estas políticas de empleo serían supervisadas, rectoreadas y monitoreadas por las feministas radicales con sus cuotas de poder otorgadas por la misma ley. Si esta ley pasa se acabaría nuevamente la inversión privada en el país.
Igualmente la democracia saldría tremendamente afectada. Las cuotas nuevamente limitarían el derecho a elegir o a ser electos. Obligarían a elegir por sexo y no por méritos. Es necesario mencionar que las cuotas son inconstitucionales. Conceden una preferencia basada en el sexo. La Constitución es muy clara al establecer que no puede darse ningún tipo de discriminación por sexo.
No se puede permitir que esta ley sea impuesta por un minúsculo grupito de mujeres feministas que gritan muy fuerte, pero que no cuentan con el respaldo de la población. La mayoría de las nicaragüenses no se identifican con ellas y no quieren una ley que permita las uniones homosexuales, legalice el aborto, elimine a la familia, quiebre a la empresa privada y arruine la democracia. La igualdad entre hombres y mujeres ya está garantizada en la Constitución. Pido a los honorables diputados que no caigan en el juego de las feministas de extrema izquierda y que rechacen esta ley.
La autora es miembro de la Asociación Nicaragüense por la Mujer.
