La Asamblea Nacional debe decidir hoy si suspende, deroga o mantiene vigente el llamado “impuesto patriótico” contra Honduras, o sea el gravamen extraordinario de 35 por ciento a las importaciones hondureñas que se impuso a fines de 1999.
Como se sabe, ese impuesto fue dictado por el gobierno de Nicaragua, como represalia contra Honduras, después que el gobierno hondureño ratificó el Tratado Ramírez-López sobre los límites fronterizos marítimos del vecino del norte con Colombia, que cercena unos 130 mil kilómetros cuadrados de mar territorial nicaragüense.
Pero después de un poco más de tres años de recaudar el “impuesto patriótico” que supuestamente es para financiar el juicio contra Honduras en la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno de Nicaragua presentó un proyecto de ley para dejar en suspenso esa exacción que se debe votar hoy en la Asamblea Nacional. Al parecer, la gente del Gobierno se dio cuenta por fin que esa medida impositiva de excepción y por motivos políticos no ha servido en realidad a los fines que la originaron, o tal vez es que ya se recaudó suficiente dinero para costear el juicio en La Haya, o hay de por medio presiones internacionales, porque el “impuesto patriótico” perjudica el proceso de integración y de libre comercio en Centroamérica, que ya de por sí es lento y precario.
Como sea, a estas alturas lo que se ha podido saber de manera extraoficial es que se han recaudado unos 144 millones de córdobas por concepto del “impuesto patriótico”, pero se ignora dónde está guardado ese dinero, si ya lo gastaron en asuntos propios o ajenos al litigio en La Haya, o si también fue pasto de la corrupción.
Desde que se decretó este “impuesto patriótico” dijimos que a nuestro juicio era un error que más temprano que tarde habría que rectificar; esto independientemente de lo justo, necesario y legítimo que era ejercer alguna represalia contra Honduras por la felonía que su gobierno, coludido con el de Colombia, hizo contra Nicaragua al ratificar el Tratado Ramírez-López que perjudica gravemente los intereses territoriales de nuestro país y de toda Centroamérica, que más temprano que tarde tendrá que constituirse como una sola entidad geográfica, política, económica y comercial.
Ciertamente, el derecho internacional establece la legitimidad de las represalias de un Estado contra otro que de alguna manera ha agraviado los intereses de aquél. Entre esas represalias se cuentan las de “retorsión” (respuesta de un acto lícito inamistoso o ilícito de menor gravedad, con otro acto de igual naturaleza y significación); represalias pacíficas; legítima defensa y auto protección, que presuponen, estas últimas, el uso de la fuerza para responder a acciones agresivas y proteger intereses nacionales.
Pero hay que escoger la represalia apropiada, según el principio de reciprocidad, y no imponer cualquier medida que a la larga puede perjudicar a quien las impone, tanto por los daños internos que causa como por la mal disposición en que queda el país ante los organismos internacionales que en última instancia determinan la solución del conflicto. Y esto es lo que ha ocurrido con el “impuesto patriótico”, que en realidad no ha castigado al gobierno de Honduras, sino a los productores y comerciantes hondureños, pero también a muchos nicaragüenses, particularmente del Occidente del país que tradicionalmente han vivido del intercambio comercial con los vecinos del Norte.
Ahora, también hoy mismo el Congreso de Honduras podría imponer un impuesto extraordinario a las importaciones nicaragüenses, igual al que Nicaragua impuso a fines de 1999 a las hondureñas. A como están las cosas, si la Asamblea Nacional de Nicaragua no deroga hoy el “impuesto patriótico”, y sólo lo suspende, entonces el Congreso hondureño aprobaría un impuesto de igual magnitud (35 por ciento) a sus importaciones desde nuestro país, así como un cobro por peaje al tránsito de mercadería nicaragüense por las carreteras de Honduras, e incremento de los fletes en Puerto Cortés donde se trasiega gran parte de nuestras exportaciones.
Pero lo más probable es que si el impuesto nicaragüense queda en suspenso, el Congreso de Honduras aprobaría el gravamen especial a las importaciones nicaragüenses, pero lo dejaría igualmente en suspenso.
Y mientras tanto, la necesaria unión centroamericana sigue secuestrada por las traiciones, el “patriotismo” y los errores e inconsecuencias de los políticos gobernantes de Centroamérica.
