Los directivos del Cosep se reunieron la semana pasada con el presidente Enrique Bolaños, y le expresaron su preocupación por la puesta en marcha de una nueva reforma tributaria, pese a que en otras ocasiones la han avalado públicamente. (LA PRENSA/U. MOLINA)

Cosep reclama por reformas tributarias

Cámaras empresariales presentan propuestas al Ejecutivo y defienden algunas exoneraciones y exenciones Piden que embajadas asuman gestión en promoción de exportaciones y solución de controversias Mario José Moncada [email protected] El temor porque la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo afecte a importantes sectores de la economía nacional, motivó que el Consejo Superior de la Empresa […]

  • Cámaras empresariales presentan propuestas al Ejecutivo y defienden algunas exoneraciones y exenciones
  • Piden que embajadas asuman
    gestión en promoción de exportaciones y solución de controversias

Mario José Moncada [email protected]

El temor porque la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo afecte a importantes sectores de la economía nacional, motivó que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) enviara una extensa carta al Presidente de la República, Enrique Bolaños, donde le manifiesta su “profunda preocupación” por la propuesta que “no constituye una nueva política tributaria integral, sino que se limita a aspectos estrictamente recaudatorios que cambian las reglas del juego”.

El documento en poder de LA PRENSA, firmado por el presidente del Cosep, Anastasio Somarriba, le señala al presidente Bolaños que “no es con una política tributaria que se van a financiar los excesivos y siempre crecientes gastos estatales, ni el despilfarro de las piñatas y fraudes bancarios”.

“La lógica económica más elemental y el sentido común administrativo indican que lo que debe hacerse es reducir el gasto público y ajustarlo a la realidad de la economía nacional, así como bajar las actuales tasas impositivas para incentivar la inversión privada, aumentar la producción, estimular los negocios, expandir el empleo e impulsar el desarrollo nacional”, considera la carta de cinco páginas de extensión enviada al Ejecutivo el cinco de marzo.

SOMARRIBA CONFIRMA

El presidente del Cosep confirmó ayer en términos escuetos que, en efecto, le entregaron el documento al presidente Bolaños durante un encuentro que sostuvieron la semana pasada. “Esperamos que lo analice con su gabinete, en especial con el Gabinete Económico”, declaró Somarriba.

Sostuvo que “si la propuesta de reforma tributaria trae mayores cargas impositivas habrá menos inversión y recesión económica, con una falta de liquidez en el pueblo, no lográndose impulsar el tan ansiado desarrollo económico del país”.

CÁMARAS EXPONEN

En la misiva entregada a Bolaños, la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (Anapa), solicita el mantenimiento de la tasa cero, la acreditación del Impuesto General al Valor (IGV) pagado por las empresas y exención al bien producido, así como el mantenimiento hasta 2005 de las exoneraciones para el sector, tal como está previsto en la legislación vigente.

AGRO Y SU POTENCIAL EXPORTADOR

Por su parte, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) reclama que “no debe cuantificarse el aporte del sector agropecuario al desarrollo del país, bajo la óptica de un tributador”.

Upanic admite que si bien es cierto que el sector agropecuario representa sólo el cuatro por ciento del total de recaudación del Impuesto sobre la Renta (IR), representa el 52 por ciento de las exportaciones anuales calculadas en 600 millones de dólares, así como el 45 por ciento del PIB nacional estimado en 2,500 millones de dólares.

Otros como la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), piden ampliar la base de contribuyentes antes de crear nuevos impuestos, para lo cual “deben eliminarse las exoneraciones a la importación de bienes de consumo a sectores que hacen competencia desleal con el sector formal, tales como el Ejército, la Policía y Organismos No Gubernamentales que se dedican al comercio”.

La Cámara Nicaraguense de la Construcción (CNC) solicita no gravar con el IGV la maquinaria de construcción, y conservar la exoneración de tal impuesto a las viviendas menores a los 60 metros cuadrados.

TURISMO DEFIENDE INCENTIVOS

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) aboga para que se mantengan los beneficios contemplados en la Ley de Incentivos Turísticos; mientras que el Instituto Nicaraguense de Desarrollo (Inde) señala que el Gobierno, a través de la Cancillería, debe facilitar la gestión de exportación en los países de destino y apoyar legalmente la solución de controversias que surjan en las exportaciones.

Por su parte, la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) sugiere el mantenimiento del método de depreciación acelerada en sus activos y no aumentar las tasas de los impuestos, “pues ello conduciría al aumento en los costos de producción y la reducción de la competitividad, lo que no es compatible con la apertura comercial de Nicaragua y de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos”.

IMPUESTO AGRÍCOLA ÚNICO

El régimen tributario actual contempla la retención por cuenta del Impuesto sobre la Renta (IR) del 1% para el sector agrícola y el 2 % para el sector pecuario.

Upanic y la Bolsa Agropecuaria (Bagsa) proponen ampliar la base de contribuyentes, creando una tasa única de retención, equivalente del 1% sobre el valor de venta de los productos agrícolas y 2% de los pecuarios.

Aquellos que no registren sus transacciones a través de las bolsas, tendrán una tasa de retención superior que será del 4% si es agrícola y al 8% si es pecuario.

Bagsa actuaría como un retenedor, mientras que la Dirección General de Ingresos (DGI) establecería los mecanismos necesarios para garantizar la transparencia. Según Bagsa, esta propuesta podría generar hasta 120 millones de córdobas al año.

TICOS REVISAN TAMBIÉN

El ministro de Hacienda de Costa Rica, Jorge Walter Bolaños, reconoció ayer su preocupación por unos 260 regímenes de exenciones que han evitado el ingreso a las arcas estatales de unos 1.500 millones de dólares, según reporta la agencia noticiosa Associated Press (AP). Según un estudio de Hacienda, la cifra es resultado de diversos incentivos fiscales y exoneraciones de pago de tributos concedidos entre 1997 y 2001 a entidades públicas y privadas, así como a organizaciones sociales.  

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