No es por falta de leyes ni por defectos de las instituciones que Nicaragua sufre graves problemas de gobernabilidad y una bancarrota moral de la política partidista. En realidad, la causa es la pésima calidad de las personas que dominan los partidos políticos, controlan las instituciones, dirigen los órganos de gobierno y mal administran los intereses, bienes y recursos de todos los nicaragüenses.
Ciertamente, lo primero que habría que hacer para comenzar a resolver los graves problemas nacionales, es sustituir a esas personas que usufructúan ahora casi todas las instituciones y colocar en ellas a mujeres y hombres capaces, experimentados e ilustrados, que tengan vocación de servicio y que ante todo sean honestos e íntegros.
Por supuesto que también es necesario reformar ciertas leyes y transformar algunas instituciones, que fueron desvirtuadas y pervertidas por el pacto que hicieron Arnoldo Alemán y Daniel Ortega para someter las instituciones y adecuar las leyes a sus particulares intereses políticos, partidistas, e inclusive personales. Pero el problema fundamental radica en las personas y por allí habría que comenzar a cambiar las cosas en Nicaragua.
En este sentido la propuesta que se ha conocido del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes) para la “Reforma al Marco Jurídico-Político del Estado Nicaragüense”, es buena en términos generales y al menos es una base de discusión para tratar de llegar a un acuerdo nacional al respecto.
Básicamente el Conpes propone crear un tribunal constitucional de tres miembros; reducir la Corte Suprema a 7 magistrados; crear un consejo de la judicatura como órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial; cambiar el procedimiento de nominación de los magistrados y otros funcionarios que son escogidos por la Asamblea Nacional; reducir el Parlamento a 51 diputados y elegir a estos por procedimiento uninominal; y trasformar el Consejo Supremo Electoral en un instituto autónomo, de carácter técnico y administrativo.
Las propuestas del Conpes son buenas en general, porque apuntan a dispersar el poder, a garantizar el pluralismo y la institucionalidad y a someter la voluntad política a la ley. Y sólo habría que hacerle las modificaciones necesarias para que su ejecución no signifique crear más burocracia ni para introducir nuevas distorsiones en la administración de justicia. Es decir, hacerla viable.
Ahora bien, precisamente porque las propuestas del Conpes son buenas las cúpulas del PLC y el FSLN se han apresurado y anticipado a rechazarlas, pues de ser aprobadas romperían los efectos perversos del pacto libero-sandinista que tienen al país en la actual situación de parálisis institucional y bancarrota moral.
Como se sabe, por sí mismas las instituciones no dañan ni benefician a nadie. Son las personas que las dirigen las que actúan mal o bien, las que roban los caudales públicos o los administran honradamente, las que son corruptas o íntegras, las que desde el poder sirven a la comunidad o lo aprovechan para beneficiarse ellos mismos, a sus allegados y a sus familiares.
Lógicamente, el hecho de que para recuperar la moral pública y facilitar el desarrollo económico y social del país ante todo hay que remover a las personas que dominan las instituciones, induce a suponer que es imposible aprobar y ejecutar las reformas jurídicas y políticas que se necesitan. Ciertamente, ¿cómo esperar que los diputados liberales y sandinistas que son guardianes del pacto entre Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, aprueben una reforma que beneficiaría a la nación pero perjudicaría los intereses particulares de ellos mismos?
Sin embargo, con esa misma realidad política de tener que enfrentar a una mayoría parlamentaria adversa, el Presidente Bolaños ha sacado adelante dos de sus principales objetivos: Echar a Arnoldo Alemán de la Asamblea Nacional y mandarlo a los tribunales a responder por graves cargos de corrupción; y aprobar el Presupuesto como se necesitaba para mantener los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
Cabe esperar, entonces, que el Presidente Bolaños también podría lograr que se apruebe la reforma institucional, aunque no exactamente como la propone el Conpes. En todo caso, lograr que se aprueben dependería de la habilidad negociadora del Gobierno del Presidente Bolaños, y de su capacidad de movilizar el respaldo de la opinión pública, así como logró atraerla en la lucha contra la corrupción de Arnoldo Alemán.
