Ofelia Padilla de [email protected]
Nadie puede esperar que en un país, donde han ocurrido tantas y tan difíciles situaciones, pueda ser a corto plazo corregido todo lo malo que se ha ido acumulando.
Como es sabido, muchos de los necesarios cambios requieren reformas legales; y, sobre todo, conciencia de que Nicaragua los necesita y la voluntad de hacerlo. En cuanto algunas acciones, no hay tiempo de espera, como son las necesarias para combatir la agobiante pobreza que azota a los más pobres del país.
Haré mención de algunas reformas que, a mi juicio, podrían contribuir al alivio de la grave situación en que se encuentra Nicaragua.
Las erogaciones en una nación deben ser establecidas con la diligencia que en un hogar se deben asumir los gastos. Si hay extrema pobreza, se reducen los gastos al máximo, sin privar a la familia de sus necesidades básicas.
Dolorosamente, todos saben que Nicaragua ha descendido hasta llegar a ser el segundo país más pobre de América, después de Haití. Y a ese respecto, golpea y no se encuentra sentido que Estados Unidos de América, un país rico, con más de 280 millones de habitantes, tenga una Corte Suprema de Justicia integrada por 9 Magistrados, y Nicaragua con una población de alrededor de 5 millones, tenga una Corte Suprema de Justicia cuyo número de miembros ha llegado a ser de 16 Magistrados. Tal situación merece un exhaustivo análisis.
En cuanto a la administración de justicia, que es de suma importancia en una nación, es necesario despolitizar al Poder Judicial; que los magistrados y demás miembros de ese Poder sean nombrados por su capacidad y trayectoria profesional, sin consideración al partido político en que militen. Teniendo en cuenta que un Juez, un Magistrado, se debe ceñir sólo a la ética profesional en el ejercicio de su cargo, independientemente del partido político a que pertenece.
Ese aspecto es muy importante para la imagen que proyecta el país, la que es decisiva para atraer la inversión —extranjera y nacional— y promover la producción que tanto necesita Nicaragua, especial y urgentemente en el agro. Hay que tener presente que la desconfianza en el sistema judicial ahuyenta la inversión, ya que para el inversionista la seguridad jurídica es de especial importancia.
El Gobierno actual, dignamente presidido por el ingeniero Enrique Bolaños, ha puesto gran esfuerzo por combatir la corrupción en la Administración Pública. Que prevalezca la justicia, y que sea impartida sin influencias políticas, ni de amistad o enemistad; sin intervención de personas ajenas al proceso y al ramo judicial, para no entorpecer la correcta administración de la justicia.
Pasando a otro aspecto, que el Presupuesto General de gastos de la nación sea elaborado haciendo desaparecer esa diferencia abismal que existe entre los sueldos (megasalarios) de los más altos funcionarios del Estado, y los sueldos de los empleados públicos, los maestros, enfermeros, enfermeras, etc. Diferencia tan grande que no existía en el pasado (antes de 1979), cuando técnicos que habían salido al extranjero a hacer cursos en esa materia elaboraban el Presupuesto de la nación en forma generalmente aceptable; y los servidores del Estado no tenían que ser lanzados al desempleo por una mala distribución de los gastos públicos. Salvo, desde luego, en cuanto a los designados como empleados “fantasmas”.
Que se acabe el festín de indemnizaciones para altos funcionarios del Gobierno por renuncia al cargo (sin ánimo de ofensa para nadie), inclusive en el sector privado; mediante reforma al Código del Trabajo, manteniendo el derecho a indemnización por cesación en el cargo sólo para el trabajador despedido injustificadamente.
La autora es abogada, residente en Los Angeles, California.
