Emilio Porta Pallais [email protected]
En este periódico ya he escrito en reiteradas ocasiones sobre la Educación Superior y en especial sobre el polémico tema del 6 por ciento. Aprovechando que el tema está en el tapete, y con el objetivo de contestar a algunas dudas que han surgido sobre el estudio que mencionó el Presidente de la República en el Foro Nacional de Rectores de Universidades, nuevamente dedico unas líneas a este tema. Quiero aclarar que el estudio fue realizado antes que me incorporara al servicio público y que al igual que el presente artículo, las ideas expresadas no necesariamente representan la posición oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes sobre el tema.
Durante los años 80 las universidades recibían, en promedio, un 3 por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República, en contraste con el 6 por ciento que se empezaron a recibir en 1990. El incremento presupuestario experimentado por las universidades en 1990 fue superior a los 22 millones de dólares, esto es, cinco veces más que el presupuesto recibido en 1989 (MM US$4.2).
El fuerte incremento presupuestario recibido por las universidades favorecidas por el 6 por ciento ha sido significativamente superior al crecimiento observado en la matrícula de estas casas de estudios. Mientras la matrícula en 1994 fue 124 por ciento superior a la observada en 1985, el subsidio entregado por el Estado, en este mismo período, creció en 1,417 por ciento.
Al combinar este fuerte incremento de recursos con el bajo crecimiento de la matrícula, se puede observar un significativo aumento en los costos promedio por estudiante. Mientras que en 1985 un universitario costaba US$66, en 1994 su costo se incrementó hasta alcanzar los US$729, 1,110 por ciento superior al valor observado en 1985. Se estima que el costo promedio por estudiante en el 2003 alcanzará los US$900.
Al analizar los índices de retención, por cohortes, de las universidades del CNU, en el período 1985-1994, podemos afirmar que en promedio sólo un 20 por ciento de los alumnos matriculados llega a concluir sus estudios universitarios en un período de 5 años. Cuando hay altas tasas de deserciones y/o repitencia, el costo por egresado es más relevante que el costo promedio por estudiante. Al comparar los costos promedio por egresado entre universidades que reciben fondos estatales y las que no son beneficiadas, en 1997, (según estudio realizado por el BCN) encontré que un egresado de una universidad subsidiada cuesta 4 veces más (US$21,400) que el egresado de una universidad privada que no recibe subvención (US$5,771), debido a que la deserción y/o repitencia observada en las universidades privadas es sustancialmente inferior (25 por ciento).
La fuerte inversión que el Estado realiza en este rubro convierte a Nicaragua en el país del continente que favorece proporcionalmente más a las universidades. En promedio, los países de América Latina destinaron en 1997 un 18 por ciento del gasto en educación a la Educación Superior, mientras que Nicaragua destinó un 43.2 por ciento. Para este mismo año, en promedio los países desarrollados invirtieron 3 veces más por estudiante universitario que por estudiante de Educación Básica, en los países subdesarrollados se evidenció una relación de 10 a 1, mientras que en Nicaragua se invirtió 24 veces más por estudiante universitario que por estudiante de primaria.
Los defensores del CNU argumentan que esta elevada inversión en la Educación Superior se justifica debido a que la misma permite que los pobres accedan a las universidades. Sin embargo, al analizar los datos de la encuesta de hogares de 1998 (EMNV ´98) es posible afirmar que más del 60 por ciento de los estudiantes universitarios se encuentra en los dos deciles superiores de consumo. Tan sólo un 11.3 por ciento del total de la matrícula se encuentra en los 5 deciles inferiores de consumo.
El subsidio a la Educación Superior no está focalizado hacia los más pobres, pues éstos rara vez llegan a acceder a la Educación Terciaria. Utilizando la EMNV´01 se puede afirmar que el 94.3 por ciento de los estudiantes universitarios pertenecen a familias no pobres.
Creo que se debe abordar el tema del 6 por ciento de forma responsable y sin apasionamientos políticos. Espero que el Foro de Rectores acoja la invitación que el presidente les hizo en su inauguración y que todos juntemos nuestros mayores esfuerzos para aprovechar al máximo los recursos que el Estado invierte en las universidades.
El autor es asesor del ministro de Educación, Cultura y Deportes.
