- Comparece públicamente por primera vez ante la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional
- “En el Ejército, que es una
institución militar, hasta para ir a almorzar hay que señalar adónde va a ir uno”, dijo el ex jefe militar
Luis Felipe Palacios [email protected]
El general retirado Roberto Calderón Meza ofreció ayer declaraciones por primera vez sobre el caso de las armas que supuestamente fueron desviadas a Colombia, alegando que todo lo actuado por él había sido apegado a la legalidad y dentro de sus funciones como ex inspector general del Ejército de Nicaragua.
Calderón, quien ayer compareció ante la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional, indicó que en el Ejército nadie actúa en carácter personal, sino que “todo el mundo actúa en su carácter institucional”, y que por tanto sus superiores estaban enterados de su participación en la transacción de las armas que fueron desviadas a las Autodefensas Unidas de Colombia.
“En el Ejército, que es una institución militar, hasta para ir a almorzar hay que señalar adónde va a ir uno y a dónde lo pueden encontrar, y con mucha más razón tendría que haber informado a mi jefe (general Javier Carrión) que había una propuesta de cambio de 3,000 armas (con la Policía Nacional)”, señaló.
“Ésta fue una decisión institucional, como miembro de la Comandancia ha sido un trabajo que realicé dentro del marco de la institución”, añadió.
RECHAZA INFORME OEA
Asimismo, el ex inspector general del Ejército rechazó el informe conclusivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el desvío del armamento de procedencia nicaragüense, en el que lo señalan de actuar presuntamente de manera criminal en el tráfico ilegal de armas.
“El informe de la OEA es un informe hecho muy a la ligera. Señala que hubo una conspiración criminal, donde un grupo de oficiales estaba tratando de apoderarse de un millón de dólares, lo que niego enfáticamente, porque ésta era una operación que era del conocimiento de la principal autoridad del país que era el presidente de la República (Arnoldo Alemán), que había firmado un decreto ejecutivo”, aseveró.
Calderón Meza aseguró que en la operación de ventas de armas también tuvieron conocimiento los entonces ministros de Hacienda, Esteban Duquestrada y de Defensa, José Antonio Alvarado; el director del Centro de Exportaciones, Jorge Molina Lacayo; la Dirección General de Aduanas, la empresa que transportó el armamento y cientos de soldados que estibaron la carga.
“O sea que de por sí y ante sí, no podía haber dicho: voy a cambiarle cinco mil fusiles que me está entregando la Policía por tres mil (fusiles) y luego hacer todos los trámites para que esos fusiles salieran sin que nadie se diera cuenta”, argumentó.
PIDE INVESTIGAR EN COLOMBIA
Calderón Meza sostuvo que tanto el Ejército de Nicaragua como la Policía Nacional fueron víctimas del crimen organizado, que actuó de manera criminal, para armar a paramilitares colombianos.
“La conspiración se dio fuera de Nicaragua. Hicimos una permuta de armas con la Policía porque no llenaban los requisitos de los compradores. Participamos en el embalaje y envío a puerto (Rama) de esas armas, en una operación pública con todos los permisos legales, y una vez en alta mar, esas armas fueron desviadas al lugar donde señalan, que nadie ha podido demostrarlo, el puerto de Turbo (en Panamá)”, precisó.
Calderón pidió, incluso, hacer una investigación “exhaustiva” sobre el desvío de armas, más allá del informe conclusivo de la OEA, porque “si en Colombia entran 23 furgones a un puerto, tiene que haber habido una participación masiva de gente en ese puerto”.
Asimismo, el ex alto militar aseguró que nunca sospechó nada raro en la venta y permuta de armas realizada entre la Policía Nacional, el Ejército y Girsa —una compañía israelí, radicada en Guatemala—, porque habían abierto un vínculo de confianza de hacía varios años con Girsa.
“Si en algún momento hubiéramos pensado que esas armas iban a donde fueron a parar, no hubiéramos —bajo ninguna circunstancia— participado en la operación”, agregó, al negar además que hubiera informado a los de Girsa sobre la Operación Triángulo.
UNA OFERTA
El general retirado Roberto Calderón reveló que el jefe del Ejército, Javier Carrión, le ofreció dejarlo en el cargo de Inspector General hasta que el asunto de las armas terminara, pero que él no aceptó, “para no prestarse a malas interpretaciones de que la institución (militar) me estaba protegiendo de algo que no he cometido”.
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