Juan Carlos Tijerino [email protected]
El doctor Sergio Cuarezma Terán, catedrático en Derecho Penal y Criminalística, es tajante al señalar que el Estado nicaragüense ha emprendido “la huida”, ante el fracaso en el diseño y ejecución de las políticas públicas para prevenir y controlar la delincuencia.
Cuarezma sostiene que “el Estado, angustiado por su fracaso, ve complaciente que el mercado libre convierte la seguridad ciudadana en una mercancía”.
Y agrega que “sin embargo no valora el impacto que supone la creación de fuerzas parapoliciales que no están sujetas a ningún control y que se comportan como verdadera fuerza policial”.
“Estamos manos arriba ante la seguridad privada, esto significa que las garantías constitucionales de las personas están en manos de este ejército supra- estatal”, añade Cuarezma.
El hecho se agrava, según el experto, cuando la Policía Nacional comience en el futuro a coordinar sus actos de prevención y lucha contra la delincuencia con las fuerzas de seguridad privada. “La fuerzas parapoliciales en el futuro cercano atenderán denuncias de actos de violencia en lugares públicos y privados, podrán retener, detener o expulsar a personas de lugares o zonas donde se encuentren apostadas, utilizarán la violencia en acciones encomendadas por la Policía o allanamientos de lugares privados o públicos”.
RETROCESO CONSTITUCIONAL
El catedrático señala que la empresa privada de seguridad mide sus objetivos por la consecución de unos beneficios económicos concretos y no en la disminución de la delincuencia, ni en el respeto de los derechos de los particulares. “Con esta privatización de la seguridad se arriesga la seguridad de los ciudadanos y esto puede llevar a que pierdan confianza en la Policía Nacional encargada constitucionalmente de guardar la ley y el orden”.
Para Cuarezma, la Policía Nacional es la única entidad con el buen juicio y confianza requerida para atender las funciones de seguridad, por lo que critica el silencio de la institución frente a lo que califica como pesadilla, “de que un ejército parapolicial progresivamente los suplante o los saque de juego”.
Cuarezma sostiene que con el nuevo modelo policial “hemos pasado de ciudadanos a clientes y como en cualquier relación comercial el cliente lleva la razón, toda violación a los derechos humanos en virtud de garantizar la seguridad del cliente estará justificada. Las fuerzas de seguridad privada junto con la privatización de la justicia que contiene el nuevo Código Procesal Penal significa uno de los retrocesos más importantes del Estado de Derecho constitucional del Estado de Nicaragua”.
