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Algunos estudiantes tienen dinero para comprar bombas de morteros, pero se quejan de la falta de fondos para costear sus carreras universitarias. Esos mismos estudiantes prometen ser en el futuro parte de la solución de los problemas de Nicaragua, pero desde ya quieren resolver todo con violencia.
Contradicciones como esas son las que dejan a Nicaragua rotando en el atraso, porque la transferencia del seis por ciento del Presupuesto de la República a las universidades (721 millones de córdobas este año) podría ser mejor invertida y beneficiar a estudiantes más entregados a la superación.
Siempre he pensado que ese dinero lo deben otorgar en forma de becas directas a jóvenes de escasos recursos, con buen récord académico e interés de llegar a ser profesionales competentes, que es lo que necesita el país.
Sin embargo, parece que los ciudadanos nicaragüenses, con sus impuestos, mantienen una burocracia en las universidades públicas que, en vez de educar para cambiar el país, promueven valores hostiles y antidemocráticos, de irrespeto a las leyes y a los derechos de los demás ciudadanos.
El presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), Bismarck Santana, dijo que mantendrán sus métodos violentos de protesta, los morteros y bombas molotov, “porque estamos en nuestro derecho constitucional de protestar, y porque los morteros son los símbolos de nuestra lucha justa”.
La Constitución les da derecho a protestar, pero no de atentar contra la vida de los ciudadanos y de la economía. ¿Imaginan lo que sucedería si una de esas molotov incendiarias cayera en una gasolinera?
Ser profesional es algo más que poseer un título universitario. Es también una actitud ante la vida y la sociedad, con la que una persona puede ayudar a construir o a destruir. Suponemos que los estudiantes universitarios de hoy serán los empresarios o especialistas del mañana, que emprenderán o reforzarán los nuevos desafíos económicos y sociales.
Sería frustrante que estos estudiantes piensen que al graduarse, el Estado tendrá que darles trabajo o subsidios, y que si no les garantiza eso, harán protestas violentas como las de la semana pasada. Al contrario, la esperanza de la sociedad es que ellos vengan con nuevas ideas para crear negocios o ampliar los que ya existen, con lo que contribuirían a generar empleos.
A la población le cuesta mucho formar estos profesionales, porque las transferencias de dinero del Estado a las universidades públicas han aumentado en 48.5 por ciento desde el año 2000 y, en consecuencia, ha disminuido la inversión en educación primaria donde más de 800 mil niños quedaron sin matrícula este año.
Según el gobierno, en el sistema educativo público, primaria y secundaria, existe un empleado administrativo por cada 80 estudiantes, pero en las universidades subsidiadas hay un empleado administrativo por cada 14 estudiantes. Si las universidades recibieran fondos sólo por alumnos becados, se preocuparían por ser más eficientes en su gestión.
