Eduardo Enrí[email protected]
Volvieron a salir los “muchachos”, esta vez armados hasta de bombas incendiarias y las autoridades se limitan a emitir una prohibición que nadie respeta. Las bombas incendiarias son un arma terrorista, quienes las lanzan están cometiendo un delito. No están protestando pacíficamente.
Este mutis de las autoridades representa la actitud timorata que es parte de la razón por la que llevamos 13 años con la carga absurda e insostenible del 6 por ciento para las universidades públicas. La actitud oportunista de los políticos es lo que completa la ecuación que da este nefasto resultado.
El 6 por ciento nació como parte de las leyes de la Piñata Sandinista. A la Ley 89 no la motivó ningún plan de desarrollo que pusiera la educación universitaria como meta, sino una visión cortoplacista y oportunista de hacerle la vida imposible al gobierno recién electo.
Prueba de ello es que la ley mandaba tomar en cuenta para el 6 por ciento todos los ingresos, lo que entra vía impuestos y lo que entra vía donaciones. En la práctica, esa fórmula lo que hace es que las universidades tomen mucho más del 6 por ciento de los ingresos líquidos del Estado.
Luego, la 89 fue elevada a rango constitucional en 1995. Los diputados de entonces tenían la oportunidad de componer las cosas, pero de nuevo se impuso el oportunismo y el cortoplacismo, que combinados con la actitud timorata del gobierno de entonces, resultó en que el nefasto concepto del 6 por ciento se convirtiera en “constitucional”.
¿Por qué nefasto? Porque obliga al gobierno a destinar una inmensa cantidad de dinero —721 millones este año— para beneficiar a una minoría privilegiada que está siendo capacitada en carreras que nuestra economía no puede absorber.
¿Nadie se ha detenido a pensar que si el grupo Roble tuvo que “importar” albañiles y carpinteros de Guatemala para hacer Metrocentro, mientras los sociólogos y abogados graduados de nuestras universidades tienen que “taxiar” para sobrevivir, algo anda mal en la planificación de la educación en Nicaragua?
El presidente Enrique Bolaños ya dio un paso en el sentido correcto al llegar a la propia boca del lobo —y lo digo literalmente— a decirle a los rectores en su propio foro que la educación universitaria se estaba llevando una tajada demasiado grande del pastel educativo, en detrimento de la educación primaria, secundaria y técnica.
Ahora falta que adopte una actitud valiente y promueva en la Asamblea una reforma al 6 por ciento para poder pasar gran parte de esos fondos a los otros subsistemas, sobre todo al técnico, que como sabrá cualquier sociedad, es la base del desarrollo económico.
Pero con esto no quiero decir que el Estado debe desentenderse de la educación universitaria, sin embargo, el concepto debe cambiar. Debe dar becas completas sólo a los que reúnen dos requisitos: ser muy pobres y muy buenos estudiantes (con esto descalificamos a los hijos de los ministros, aunque el salario “no les dé”).
Para el resto, el Estado debe montar un sistema de créditos a bajo interés y a largo plazo. El que quiera estudiar, que tome los préstamos y que los pague en un período de 10 a 15 años, con un año de gracia después de haber coronado la carrera.
Con esto se fomenta la responsabilidad y la cultura de pago. Así, en vez de andar lanzando bombas incendiarias se preocuparán por completar sus estudios.
