- Existe jurisprudencia sobre aborto terapéutico, dice Procurador Especial de la Niñez y Adolescencia
- Señala que en Costa Rica se violentaron los derechos de la niña y se evitará que ocurra igual aquí en su país
Elízabeth Romero [email protected]
Los padres de la niña nicaragüense, de nueve años, con más de cuatro meses de embarazo tras una violación sufrida en Costa Rica, en una carta dirigida a las autoridades de gobierno les piden ayuda para que puedan interrumpir el embarazo de su pequeña.
“Lo que la niña nos ha dicho, es que ella no se quiere morir; nosotros no queremos perderla, sabemos que si ella con los sólo nueve años que tiene sigue así, se puede morir; por eso les rogamos a ustedes, nos ayuden para terminar esto, ella no puede seguir con el embarazo, ella está enferma de otras infecciones que no se le han podido curar por su estado de embarazo; nosotros como padres tenemos la responsabilidad de buscar la ayuda necesaria para salvar la vida de nuestra hija”, dice la misiva.
La carta fue leída de forma íntegra por el Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia, Carlos Emilio López, y es el primer testimonio de los padres de la pequeña, tras la tragedia enfrentada en el vecino del sur.
“Nos dirigimos a ustedes con la esperanza y la confianza que van a entender la situación dramática en que nos encontramos nosotros como padres y nuestra hija mancillada. Hace un mes que nos dimos cuenta que nuestra única hija había sido violada y por eso ella quedó embarazada”, refieren.
“Fue hasta que la llevamos al hospital de Turrialba y después de varias citas, que después ellos decidieron dejarla en el hospital, y hasta entonces fue que los doctores nos dijeron que no era sólo la infección que nosotros creíamos que era, sino que también estaba embarazada”, señala la pareja nicaragüense y de origen campesino.
Los padres manifiestan en su carta a las autoridades, la forma en cómo fue abordado el caso de su hija en los hospitales costarricenses, donde además se les llegó a responsabilizar por lo sucedido.
“La tuvieron varios días allí en Turrialba, después decidieron trasladarla al Calderón Guardia, en San José, allá los médicos dijeron que ella estaba en alto riesgo y que por eso debería estar hospitalizada, sin moverse, sin caminar, sin hacer nada que le perjudicara al bebé.
Ella ha estado en una cama de hospital por un total de 25 días, ni ella ni nosotros ya aguantamos esta situación, nos tienen aturdidos porque eran muchas cosas las que nos decían, hasta llegar a culparnos por no cuidar bien a la niña, ni antes que esto ocurriera ni ahorita en las circunstancias que nos encontramos”.
Y tras pedir al gobierno les ayude a salir de esa situación, destacan “esperamos que no pase en Nicaragua lo que pasó en Costa Rica, porque la principal razón por la cual nos venimos es para terminar con el maltrato recibido en Costa Rica y para buscar la ayuda necesaria para salvar la vida de nuestra hija”, dice la carta.
URGE RESPUESTA RÁPIDA
El Procurador Especial de la Niñez, urgió que se conforme una comisión para que decida si se le puede practicar un aborto terapéutico a la niña.
“La recomendación nuestra está inspirada en el Código Penal y en el Código de la Niñez, se debe proceder a lo inmediato a practicar el estudio científico ipso facto, porque a medida que pasan las horas se está poniendo en mayor riesgo la vida de esta niña, ya se le violentaron sus derechos en Costa Rica, no es posible que ahora se le violenten sus derechos en Nicaragua, en su Patria”, sostuvo López.
VIOLARON SUS DERECHOS
López mencionó entre los derechos fundamentales violados de la niña y su familia, el derecho a una justicia pronta, por ejemplo mencionó que fue “hasta el último día en que estuvo en Costa Rica, que la Fiscalía tomó la declaración y a partir de ese momento fue que la autoridad judicial expresó la disposición de detener de manera preventiva al abusador sexual”.
Según el funcionario también se violentaron sus derechos a la información, “porque al papá y a la mamá no se les informó que esta niña producto del abuso sexual contrajo dos enfermedades de transmisión sexual que ponen en riesgo la vida de la niña”.
López insistió en su interés de ser el portavoz del papá de la niña, para aclarar que no se trata del padrastro de la pequeña. “Ellos están muy indignados frente a todo lo que pasaron en Costa Rica”.
Igual mencionó que el derecho a la salud también fue violentado, al no aplicársele el tratamiento necesario para combatir las dos enfermedades de transmisión sexual que contrajo la niña.
La delegación que viajó a Costa Rica, integrada por las especialistas Martha Marina Blandón y Lorna Norori, junto al abogado de la Procuraduría de Derechos Humanos, Silvio Jiménez, explicaron en ese vecino país la niña estaba siendo revictimizada e incluso hubo intentos de inducir sospechas en contra de su padre, haciéndole pasar como su padrastro, desviando así la atención en contra del verdadero culpable.
RED DE MUJERES
Las declaraciones de las autoridades nacionales sobre una posible interrupción del embarazo incrementaron el temor que enfrentan los padres de la niña, dijo la coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, Violeta Delgado.
Delgado manifestó que recopilarán la información necesaria para elevarla ante una de las instancias que facilita denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que sea evaluado el caso y más que una sanción al Estado nicaragüense, poder tener la garantía de que esto no siga ocurriendo.
RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones que hará la Procuraduría Especial de la Niñez, destaca que el Ministerio Público delegue un fiscal especial en este caso, que establezca coordinaciones con el Ministerio Público de Costa Rica para que el caso no quede en la impunidad.
Igual al Ministerio de la Salud, para que exija a las autoridades homólogas costarricenses la entrega del expediente médico de la niña, cuya copia no fue proporcionada a la comisión nicaragüense que estuvo en el vecino del sur.
SITUACIONES PARA EL ABORTO
El Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia, Carlos Emilio López, explicó que la jurisprudencia nicaragüense ha permitido el aborto terapéutico cuando se presentan tres situaciones: cuando se pone en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de un abuso sexual, y cuando hay deformación fetal.