- Asesor legal del MECD sostiene que bienes del Estado son inembargables y alega que el procedimiento actuado por el juez es ilegal
Mercedes SequeiraCORRESPONSAL / [email protected]
Las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) de Chontales, se mostraron inconformes por la subasta de bienes estatales que ejecutó el Juez Local Civil y Laboral de Juigalpa, Heberto Castellón Flores.
El MECD de Chontales se quedó sin muebles, electrodomésticos y sin vehículo, luego que el juez Castellón subastó esos bienes para saldar obligaciones laborales con dos ex funcionarios que fueron despedidos en el año 1999.
BIENES EMBARGADOS
Una camioneta valorada en 5 mil dólares, dos aires acondicionados, computadoras, un fax, el escritorio y hasta el sillón donde se sentaba la delegada departamental del MECD, licenciada Blanca Olga Tabalada, entre otras cosas, fueron embargadas a solicitud de la ex directora y el subdirector del Instituto Nacional Autónomo de Chontales (INACH), Mayra Esquivel y Gilberto Castellón, respectivamente, quienes reclaman indemnizaciones y prestaciones sociales.
El MECD de Chontales no cumplió con sus obligaciones, por lo que los bienes antes señalados fueron subastados por el juez, y como no se encontró postores los bienes fueron adjudicados a los demandantes.
ARGUMENTACIÓN DE LA DELEGADA
La delegada departamental del MECD en Chontales, Blanca Olga Tablada, rechazó la subasta, argumentando que tanto a la ex directora y al ex subdirector del INACH, Mayra Esquival y Gilberto Sánchez, ya les pagaron sus indemnizaciones y sus prestaciones sociales, mostrando que la primer persona recibió el cheque número 1067 del extinto Banco del Café, por la suma de 20,036.64 córdobas, el 29 de mayo del 2000 y además otro cheque por mas de 15 mil córdobas e igual cantidad también recibió Sánchez.
Sin embargo, esa cantidad al inicio era insuficiente para los ex funcionarios destituidos, los que pedían 50 mil córdobas cada uno, lo que al no cumplir el MECD, condujo a la ex juez Local Civil y Laboral, Tatiana Mendoza, a embargar los bienes estatales del MECD, procediendo a la la subasta.
Según Tablada, la Inspectoría Departamental del Trabajo al aceptar el despido de Esquivel y Sánchez, procedieron a recurrir ante el Tribunal de Apelaciones que ordenó el reintegro laboral de los destituidos, al igual que la ex juez Local Civil y Laboral, Tatiana Mendoza.
ASESOR LEGAL SE REMITE A LAS LEYES
El asesor legal del MECD del nivel central, Guillermo Cordero, también rechazó la subasta, porque “hasta ahora nos estamos preguntando en base a qué ejecutó la jueza Tatiana Mendoza Fitoria este embargo, porque la ley de 1912 y la ley de 1913 del 25 de febrero y una circular incluso de 1999, les recuerdan a los jueces que los bienes del Estado son inembargable, mucho menos sacarse a subasta” señaló Cordero.
QUEJA ANTE LA CORTE
Ante el embargo que hizo la ex juez Local Civil y Laboral Tatiana Mendoza, el MECD interpuso una queja ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la misma persona por la sentencia dictada, pero hasta el momento, la institución no se ha pronunciado al respecto, por lo que tanto los delegados municipal y departamental del MECD, licenciado Donald Carrillo y Blanca Olga Tablada, respectivamente, tuvieron que personarse ante esa instancia, recurriendo al presidente de la Comisión Disciplinaria, Rafael Solís, quien les prometió de forma expedita que iba a mandar a suspender la subasta a través de un telegrama, pero no lo hizo, según Cordero.
Cordero dijo que la institución está dispuesta a cancelarles los 50 mil córdobas a cada uno de los demandantes y entregarles una carta de desagravio, pero “ellos (Esquivel y Sánchez) parece que están siendo mal asesorados” señaló.
JUEZ JUSTIFICA Y MECD ACUSA
El juez Local Civil y Laboral de Juigalpa, Heberto Castellón, manifestó que está actuando conforme a Derecho y que lo único que hizo fue ejecutar la sentencia por la vía laboral, producto del embargo de los bienes que efectuó la jueza que ocupó ese cargo, Tatiana Mendoza.
LA PRENSA intentó entrevistar a los demandantes sobre lo sucedido, pero éstos se negaron a hablar.
El juez Heberto Castellón tendrá que rendir cuentas el lunes ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de justicia, sobre en qué se basó para ejecutar la subasta de los bienes del MECD, acusación que fue interpuesta por los afectados.
El asesor legal del MECD, Guillermo Cordero, dijo que lo actuado por el juez no tiene asidero legal, porque los bienes del Estado son inembargables, como lo refleja la Ley del 27 de febrero de 1912 y otra de 1913 que dice textualmente: “Ningún tribunal de la República, podrá exigir fianza, ni dictar, ni ejecutar embargos en contra de los bienes del Estado”.
También mencionó una circular que emitió la Corte Suprema de justicia que dice, en marzo de 1999: “A todos los jueces, han de ser celosos en no realizar y ni trabar embargos sobre bienes que son inembargables”.
El MECD, interpuso una nulidad del caso ante el Juez Local Civil y Laboral, Heberto Castellón, por aplicar en contra de leyes expresas, por lo que a juicio del asesor legal del MECD, Guillermo Cordero, cometió un delito de prevaricato, por haber ejecutado la subasta a sabiendas que los bienes del Estado son inembargables.
Por otro lado, maestros y alumnos se pronunciaron al respecto, rechazando lo actuado por el juez y pidiendo que se les devuelvan los bienes al MECD de Chontales.
