En Nicaragua, a los políticos que llegan al poder —con honrosas excepciones— lo que menos les preocupa es cuidar su prestigio ético personal. Por eso, cuando son denunciados o acusados de corrupción o cualquier otra forma de abuso de poder, no se interesan tanto en demostrar su inocencia como en reclamar que no pueden ser juzgados ni condenados, porque son inmunes e impunes.
Pero eso no ocurre sólo en Nicaragua. En realidad, en casi todas las naciones hispanoamericanas, por razones históricas y socio-culturales se participa en la política para obtener prebendas y se considera el poder del Estado como un botín para quienes vencen en las guerras, o en las elecciones.
Además, esas pautas culturales impregnan prácticamente todos los aspectos de la vida social. Al repecto, es clásico el episodio de una antigua película del genial cómico mexicano Mario Moreno, Cantinflas, en la que éste es llevado ante un juez acusado de haber cometido un robo. —¿Es que a usted no le da vergüenza robar?— lo interpeló el funcionario judicial. Y Cantinflas respondió descaradamente: —¡No señor! Lo que me avergüenza es que me descubran y me agarren.
De esa manera, más o menos, se han comportado los políticos nicaragüenses que fueron acusados por corrupción el año pasado y —algunos de ellos, como el ex presidente Arnoldo Alemán—sentenciados por jueces de primera instancia. Es decir, que en ningún caso se han sometido voluntariamente al escrutinio judicial para demostrar su inocencia, como lo hacen en cualquier parte del mundo las personas de bien, sino que han hecho hasta lo imposible para ampararse en la impunidad de la inmunidad.
Inclusive, el ex presidente Alemán fue privado de su inmunidad por una decisión que aprobó la Asamblea Nacional de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y en las leyes pertinentes —y por eso pudo ser juzgado y fulminado con auto de prisión con dos sentencias interlocutorias— pero sigue empeñado no en demostrar que es inocente sino que es una arbitrariedad procesarlo y condenarlo porque a él lo protege la inmunidad de diputado centroamericano.
Y como los organismos centroamericanos parlamentario y judicial fueron creados por los políticos y para los políticos, ese alegato de Arnoldo Alemán ha sido acogido por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), la que admitió una acusación de aquél contra el Estado de Nicaragua porque fue procesado y sentenciado por los delitos de corrupción de los que lo acusó el Gobierno, y ordenó que se le deje en completa libertad (a Alemán) para que pueda cumplir con sus “obligaciones de parlamentario centroamericano”.
Técnicamente ahora le corresponde a la jueza Juana Méndez resolver si reconoce validez a semejante resolución de la CCJ, que ha sido calificada como ineficaz, arbitraria e improcedente por juristas experimentados y prestigiosos de Nicaragua.
Pero aparte de la discusión acerca de que si está facultada o no la CCJ para anular o modificar la sentencia de un juez nicaragüense, es evidente que lo que se pretende es favorecer a Arnoldo Alemán, y no sólo para dejarlo en completa libertad de movimientos sino también para preparar las condiciones de una probable sentencia de la Corte de Apelaciones de Managua, declarando nulos los procesos de primera instancia que lo declararon culpable.
Con esta dudosa resolución la Corte Centroamericana de Justicia se desacredita mucho más de lo que ya está desacreditada ante los ojos de la opinión pública honesta de Nicaragua y de los países que no han querido formar parte de ella. Y se refuerza la percepción equivocada o correcta de que tanto la CCJ como el Parlamento Centroamericano fueron creados para mantener con jugosas remuneraciones a políticos retirados y algunos que no alcanzan en los aparatos estatales nacionales, así como un refugio de políticos fracasados y corruptos.
Ante una resolución como ésta, suenan como burla las palabras escritas en el artículo 6 del Estatuto de la misma Corte Centroamericana de Justicia, de que ésta “representa la conciencia nacional de Centroamérica y se considera, además, depositaria y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana”. Una burla a la memoria de los próceres centroamericanos que fueron personas virtuosas, justas y honestas.
