Mirna Velásquez Sevilla yJorge Loá[email protected]
La legitimidad o no de la junta liquidadora del quebrado Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) fue puesta en tela de duda por dos procesados en el juicio promovido por dicha junta contra varios ex funcionarios y trabajadores de esa entidad. Por esto, el juez Edgard Altamirano ordenó a la Superintendencia de Bancos precisar sobre la prórroga para el ejercicio de las funciones de liquidación de dicha junta.
“Queremos que ellos nos digan la fecha en que incorporaron o pusieron a funcionar la junta liquidadora, es una información importante para determinar desde cuándo está en liquidación el Banco Nicaragüense”, dijo el juez Altamirano.
El ex diputado Jaime Bonilla y el vicesuperintendente Alfonso Llanes, ambos implicados en el caso, cuestionaron la legitimidad de la junta conformada por Otoniel Ruiz, Yalí Molina y Guillermo Lugo, alegando que la prórroga establecida para liquidar esa institución, concluyó el 20 de septiembre, por lo que piden se tenga como no presentada la acusación en su contra.
El juez Altamirano externó la necesidad urgente de recibir el informe, sin embargo, se conoció que el Superintendente Noel Sacasa se encuentra fuera del país y será Llanes quien remita la información al despacho judicial.
El fundamento jurídico de los procesados fue sustentado en una resolución de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, que admitió un recurso de amparo promovido por Llanes y Bonilla, en el cual atacan la legitimidad de la personería del acusador, aduciendo que la junta liquidadora no podía otorgar ningún poder debido al vencimiento del plazo.
FIALLOS DESESTIMA
De acuerdo al procurador Francisco Fiallos, el recurso de amparo introducido por Bonilla y Llánes no es más que parte de la estrategia de defensa de los acusados para atrasar el juicio, pero no un asunto de importancia, por cuanto la Procuraduría está allí para pedir que se hagan todas las diligencias necesarias para impulsar el juicio hasta demostrar la culpabilidad de los implicados.
«Es parte de la batalla judicial y cada parte tiene sus municiones y hace uso de ellas en el juicio. Nosotros tenemos las nuestras en base a nuestra obligación de velar por los intereses del Estado», aseguró Fiallos
TAMBIÉN DEBE ACLARAR EL CAPITAL SOCIAL
Otra de las solicitudes judiciales a la Superintendencia es un desglose del capital social del extinto banco antes de privatizarse.
“Queremos saber qué costaba el banco antes de la privatización para ver un espectro económico del funcionamiento del banco, cuánto tenía, con cuánto contaba y cuánto perdió. Más que todo es una visión económica para ver a cuánto (ascendieron) las pérdidas”, explicó.
Altamirano dijo esperar a dilucidar el incidente de la legalidad de la junta liquidadora, para posteriormente solicitar ante el Legislativo el desafuero del diputado al Parlamento Centroamericano, Donald Spencer, quien ya presentó sus documentos que le acreditan como tal.
