El desafuero de Arnoldo Alemán aprobado ayer por la Asamblea Nacional, es un acto procesal ordinario para que aquél no se siga escudando en la inmunidad y comparezca ante la justicia a responder por las acusaciones de corrupción. Ahora Alemán podrá demostrar su inocencia o, si resultare culpable, recibir el castigo que merece por los delitos cometidos.
Política y moralmente Alemán ya ha sido juzgado y condenado por la opinión pública nicaragüense y la comunidad internacional. Pero técnicamente él todavía no es culpable y tiene derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme la ley”, tal como lo garantiza el artículo 34, inciso 1, de la Constitución Política de la República. En realidad, a pesar de las abundantes pruebas que pesan contra Alemán; y aunque ya Alemán ha sido objeto de arresto domiciliar y retención migratoria, formalmente él sigue siendo inocente mientras un juez no lo declare culpable.
Pero el proceso de desafuero de Alemán ha sido traumático, causó crisis en el Poder Legislativo y obligó al Gobierno a concentrar todas sus energías durante los últimos nueve meses. Inclusive ahora, cuando por fin se pudo desaforar a Alemán, sus seguidores siguen amenazando la estabilidad de la nación y empeñados en impedir que el país se concentre en la búsqueda de soluciones a sus ingentes problemas económicos y sociales.
¿Y cómo es posible que todo el país se ponga en vilo por culpa de Alemán, si la inmensa mayoría de nicaragüenses quiere que se ponga fin a la corrupción y que se castigue a los corruptos, tal como lo han demostrado las encuestas independientes, lo mismo que las expresiones de prácticamente todos los sectores de la sociedad, a excepción del partido arnoldista y de la jerarquía superior de la Iglesia Católica de Nicaragua?
La explicación de este fenómeno radica en que así como un bandido armado con una pistola puede asaltar la Redacción de LA PRENSA y secuestrar a numerosas personas; y así los fascinerosos aunque sean una pequeña minoría asaltan, someten y roban a las personas honradas y pacíficas, de la misma manera un grupo de políticos corruptos atrincherados en la Asamblea Nacional y en otras instituciones del Estado han podido causarle tanto daño al país, y si se les permite, podrían seguir perjudicándolo en forma indefinida.
En todo caso, el desafuero de Arnoldo Alemán es un hecho histórico y trascendental de justicia en primera fase, que por cierto ha sido un logro del Gobierno del presidente Bolaños pero también de los medios de comunicación, y en primer lugar de LA PRENSA, que comenzaron esta cruzada contra la corrupción que se hizo en el gobierno anterior, con denuncias bien documentadas y verificadas. Sin embargo este primer gran triunfo de la lucha contra la corrupción no sólo debe producir la alegría del pueblo. Hay que aprovecharlo para comenzar a crear las condiciones de una nueva forma, honesta y transparente, de gobernar el Estado y administrar los recursos y bienes de la nación.
Por muy difícil que parezca, es posible comenzar a cambiar la cultura y la práctica de la corrupción. Para eso hay que aplicar las medidas legales y judiciales que sean necesarias, asegurar la transparencia en el funcionamiento del Estado, garantizar el acceso de los medios a la información del sector público, así como realizar amplias y permanentes campañas educativas encaminadas a transformar la mentalidad y la conducta de los funcionarios y de la población en términos generales, a base de principios éticos y valores morales, de los que los funcionarios y ante todo el Presidente de la República deben ser un vivo ejemplo.
Ahora, para tratar de escapar de la justicia Alemán querrá ampararse en una supuesta inmunidad de diputado centroamericano. Pero eso es imposible, porque el Parlamento Centroamericano no crea derecho ni puede dar inmunidad a nadie. La inmunidad la otorga únicamente el Estado de Nicaragua y a éste le corresponde quitarla según el procedimiento establecido, que es lo que hizo la Asamblea Nacional en su histórica sesión de ayer 12 de diciembre del 2002.
