La función parlamentaria en Nicaragua fue inaugurada por hombres ejemplares por sus virtudes cívicas, su integridad, su cultura y su honor personal; hombres que defendían con pasión sus ideas pero que eran incapaces de ser vulgares y de irrespetar al público y a sus colegas.
Ciertamente, aquellos primeros parlamentarios de Nicaragua: Miguel Larreynaga, Manuel Barberena, Toribio Argüello Agüero, el cacique subtiaveño Juan Hernández, Francisco Quiñónez, Benito Rosales, Filadelfo Benavente, Tomás Muñoz y Pío José Castellón, morirían de vergüenza si pudieran ver cómo la noble función parlamentaria que ellos comenzaron a ejercer en la historia nacional con capacidad, patriotismo y dignidad, es deshonrada por quienes ocupan ahora las curules legislativas no por méritos sino por las aberraciones del proceso histórico y político de la nación, como el pactismo libero-sandinista.
Estas reflexiones son obligadas ante el deplorable espectáculo que escenificaron ayer los diputados a la Asamblea Nacional durante la comparecencia del titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano. Y al respecto, también hay que decir que es difícil encontrar en la historia de Nicaragua un peor Parlamento que el de ahora, lo que es verdaderamente bochornoso porque la Asamblea Nacional es el órgano más representativo de la voluntad popular y por eso precisamente es que se le llama el primer poder del Estado.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 138, acápite 4, de la Constitución Política de la República, la Asamblea Nacional no sólo puede solicitar informes a los ministros acerca de los asuntos que son de su competencia, sino también “requerir su comparecencia personal e interpelación”. Y advierte el mencionado artículo constitucional que: “La comparecencia será obligatoria, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial”. Sin embargo esto no quiere decir que los diputados tengan derecho de agredir y ultrajar a los comparecientes.
La verdad es que los diputados ni siquiera pueden pedir legalmente la destitución de los ministros. Según el precitado artículo constitucional: “Si como consecuencia de la interpelación, la Asamblea Nacional, por mayoría absoluta de sus miembros, considera que ha lugar a formación de causa, el funcionario interpelado perderá desde ese momento su inmunidad”. Es decir, que si la interpelación se debe a una denuncia o acusación de que el ministro cometió algún delito, le pueden quitar la inmunidad para que se le abra causa en un juzgado, pero no corresponde a los diputados juzgarlo, y mucho menos ultrajarlo como hicieron con el señor Pedro Solórzano en la vergonzosa sesión parlamentaria de ayer. Inclusive, los diputados no pueden destituir a ningún ministro, así como no pueden nombrarlos, porque esto es competencia exclusiva del Presidente de la República según el numeral 6 del artículo 150 de la Constitución.
Seguramente que el señor Pedro Solórzano no es el mejor ministro, ni uno de los mejores, en el Gobierno del Presidente Enrique Bolaños. Al respecto, la percepción pública sobre su desempeño, según la última encuesta de Cid/Gallup, lo ubica (a Solórzano) en el séptimo lugar entre los doce ministros que integran el actual Gabinete gubernamental.
En todo caso, quien mejor puede evaluar el desempeño del ministro Pedro Solórzano es su jefe inmediato, o sea el Presidente de la República, quien tiene los recursos y la información indispensables para conocer y valorar objetivamente qué ministro ha hecho bien las cosas y cual de ellos no se ha desempeñado bien en el cargo, porque faltan recursos o porque es incapaz. Y de esto el Primer Mandatario debe informar a los ciudadanos, de quienes él es mandatario y los ministros son sus empleados.
En términos estrictamente políticos, que son los que determinan en Nicaragua el nombramiento de los ministros y su mantenimiento en los altos cargos que desempeñan, y no los méritos que se derivan de la capacidad, la formación profesional y la experiencia y la integridad, podría decirse que el ministro Pedro Solórzano ya se ganó la confirmación al convertirse en una víctima de los enemigos —abiertos y enmascarados—del Presidente Bolaños en la Asamblea Nacional.
Es obvio que Solórzano fue agredido por los diputados debido a su plena identificación política con el Presidente Enrique Bolaños, pero no debe ser por eso que se le mantenga en el cargo, sino por su desempeño, si es que lo ha hecho correctamente.
