Gerardo Bravo Pé[email protected]
De diciembre del 2002 al mes de abril del 2003 se han de realizar varias elecciones de juntas directivas de las comunidades indígenas de Sébaco, Muy Muy, Matagalpa, Jinotega y otras ciudades del norte de Nicaragua.
Escribo estas líneas para advertir de eventos y actitudes promovidas normalmente desde las autoridades edilicias que marcadas de prejuicios partidarios arremeten contra la legalidad de los representantes elegidos por los indígenas.
Dichas actitudes confrontativas han disminuido con celeridad, a partir de las nuevas autoridades municipales surgidas en el año 2000, de manera tal que de las ciudades anteriormente enumeradas donde persiste la intolerancia es en el municipio de Muy Muy. Además, las excelentes experiencias obtenidas desde las alcaldías de Jinotega y Sébaco, aún no son garantías de prácticas de un buen gobierno local. Una de las causas relevantes del conflicto es que estas comunidades indígenas compraron las tierras a la Corona Española, o sus áreas fueron reducidas paulatinamente. La Legislación de Indias de la Monarquía trató de legitimar la posesión de esas tierras, pero esa demarcación no se originó en los corazones cristianos de los reyes, sino como parte del espíritu colonizador de la época.
Por otro lado, en la tesis para optar al doctorado en historia, Xiomara Avendaño Rojas advierte que aún con la liberal y democrática Constitución española de Cádiz, la Capitanía General de Guatemala practicó diversos obstáculos tales como negar el reconocimiento de las autoridades indígenas electas, en algunos casos nombrándolas directamente y en otros designando como jueces de letras a vecinos ladinos en las poblaciones a fin de restar autoridad al alcalde indígena.
Desde el gobierno de Zelaya hasta el sandinista, se practicaron continuas desmembraciones justificadas por el avance del cultivo del café, así como la revolucionaria reforma agraria sobre demarcaciones antiquísimas, a fin de privilegiar la consolidación de la propiedad individual sobre la tierra, en un caso, y en el otro, privilegiar la propiedad cooperativa sobre la propiedad comunal.
Igualmente, la legislación de Nicaragua es profusa desde inicios de siglo hasta el gobierno somocista, encaminada a otorgar el reconocimiento explícito a las autoridades indígenas electas luego de un amañado proceso electoral, dizque autónomo. Aclaro que dicha legislación tuvo general aplicación o ejercicio en la región del Pacífico del país. Así, los directivos indígenas reconocidos eran miembros o simpatizantes del partido político en el poder u oficiosos jueces de mesta.
He escuchado de algunos anteriores y actuales alcaldes liberales, que las juntas directivas de las comunidades indígenas se ha convertido en reductos sandinistas. Pero dicen eso para justificar acciones de cerco y envolventes. Dicho análisis no es completo, porque los dirigentes indígenas sandinistas son elegidos por los pobladores. Además, en honor a la verdad, en las bases de las comunidades indígenas hay un amplio y surtido abanico de identidades partidarias…
Cabe preguntarse, ¿cuál es la causa del problema ahora? En mi opinión es el mismo desde la Colonia Española: la propiedad y uso de la tierra comunal.
La otra cara del problema es la de son las pretensiones de las comunidades indígenas encaminadas a hacer valer sus derechos de propiedad ante propietarios individuales. Han pasado de ser sujetos pasivos en el problema de la tenencia de la tierra en el país, a ser sujetos activos.
Entonces, ¿cuál debe ser el rol de las alcaldías, ser parte del problema o de la solución? La legislación vigente tiene un profundo contenido agrarista, el que, por su enfoque revolucionario (léase sandinista) ha perdido contexto histórico y vigencia política. Puede y debe ser remozado a la luz de los dramáticos cambios en la tenencia de la tierra. Conozco a “Macondo”, ex combatiente de la Resistencia y ahoradirigente de la comunidad indígena de Teustepe, sometido a persecución policial y judicial por denunciar y exigir la restitución de propiedades llegadas a manos de los famosos hermanos Centeno Roque y luego a la Junta Liquidadora del Interbank. Conozco a Miguel, dirigente de Muy Muy, que me dijo, henchido de orgullo: “…Aprendí a leer por la revolución…” Me dirijo a los alcaldes y concejales actuales: Sean parte de la solución…
El autor es Catedrático de Derecho Agrario
