- Reaccionan ante licitación para subastar sus fincas, convocada por el BCN
Mayda Isabel Meléndez yLuis Eduardo Martínez [email protected]
Una oportunidad para participar como oferentes en la subasta que se hará sobre unas 3,000 propiedades que están en manos de las Juntas Liquidadoras de bancos solicitaron ayer representantes de productores ante la Comisión de Asuntos Económicos y la Comisión de Producción de la Asamblea Nacional, mientras que en Matagalpa, productores advirtieron que prefieren quemar sus fincas antes que vayan a parar a empresas transnacionales.
Freddy Torres, directivo de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), explicó que el artículo 3 de la Ley Reguladora de Ventas de Activos expresa que si en algún momento se define un precio resultante de la subasta, el productor puede recomprar la deuda en ese valor, lo cual no contraviene la condición del Fondo Monetario Internacional (FMI) alrededor de que las propiedades deben subastarse.
Por tanto, “lo que se debe hacer es dar al productor la oportunidad que pueda comprar en igualdad de condiciones con otro oferente, su cartera rebajada por la subasta”. Sin embargo, señaló que lo expresado por el artículo 4 de la misma ley, de otorgar 15 años de gracia y 10 años de plazo “son condiciones difíciles de obtener”.
“Tratemos de ser lo más realista posible porque tenemos una negociación con el FMI que no podemos obviar. Lo que sí podemos es convencer al Fondo de que permita que los productores puedan entrar en igualdad de condiciones”, dijo.
Ante esta situación, los productores de distintos rubros, reunidos la noche del miércoles en Matagalpa, sostuvieron que es preferible quemar sus fincas, en virtud que las mismas pasen a manos de alguna compañía transnacional y consideran inconstitucional la licitación pública convocada por el Banco Central de Nicaragua para la contratación de la gestión de venta de activos de los bancos quebrados.
En el encuentro se informó que licitación fue abierta por el BCN el pasado 30 de septiembre y la empresa ganadora, cuyo nombre no ha sido precisado, debe anunciar la subasta de activos, a nivel nacional e internacional, a más tardar el cinco de diciembre próximo y debe llevar a cabo la subasta en un término de cinco meses.
No obstante, el destino de los productores parece estar en vilo por causa de la irregularidad con que ha trabajado el plenario de la Asamblea Nacional por falta de quórum. La bancada sandinista ya expresó su apoyo total, pero los productores se reunirán el lunes con la bancada liberal a fin de convencerlos para que hagan quórum y puedan realizarse las votaciones.
El diputado liberal David Castillo consideró que la petición de los productores de recibir igualdad de condiciones que los oferentes extranjeros “nadie en este país puede rechazarlo y contaría totalmente con el apoyo de la bancada liberal, estoy seguro”.
Sin embargo, dijo que los productores tendrían que cabildear con dicha bancada para lograr el apoyo de la ley en cuestión. Explicó que en los próximos días se escogerá la firma extranjera que realizará las subastas, pero éstas se harán el próximo año.
“Eso lo vamos a ver en el proceso de dictamen, pero la primera impresión que tengo es que este año no es necesaria la ley y puede ser en los primeros días de enero”.
Por su parte, Gustavo Porras, de la bancada sandinista, reconoció que los diputados de su partido apoyan la propuesta de los productores. “Al fin y al cabo el problema de los organismos internacionales es que esos activos produzcan una cantidad de dinero para llenar un déficit y ese planteamiento es viable”, apuntó.
“Vamos con los 38 votos y si eso se logra equilibrar con el planteamiento de los productores hallaríamos salida al problema de la condicionante y al problema de los productores”.
Los activos sujetos a venta consisten en una cartera de crédito y otros activos, incluyendo bienes raíces, vehículos y maquinarias. El valor en libros de los activos a liquidar es de aproximadamente cinco mil 739 millones de córdobas, equivalente a unos 396 millones de dólares.
Según el abogado y productor Santiago Ulises Rivas Leclair, el 50% de estos activos corresponden a cartera de crédito; el 21% a bienes adjudicados, dados en dación en pago; 2 % derechos de cobro judicial; 7% a bienes de uso en los bancos intervenidos y 1% a cartera de inversiones, en lo que respecta a títulos valores.
Pero el documento de licitación prohíbe que los productores puedan ser oferentes en la subasta, lo que es considerado una violación a la Constitución Política de Nicaragua por cuanto se discrimina a los dueños de las propiedades de poder ser oferentes.
Los productores ven como única forma de salvar sus propiedades un proyecto de Ley interpuesto ante la Asamblea Nacional, el recién pasado 13 de noviembre, que regula las ventas de activos, cartera de créditos, otros activos y bienes muebles e inmuebles propiedad o adjudicados al Banco Central de Nicaragua, cuyo espíritu es que el dueño (quien perdió la propiedad) tenga el derecho preferencial de poder adquirir nuevamente la propiedad por el valor que la empresa (ganadora de la licitación) ofrece en la subasta.
El lunes 18 de noviembre recién pasado, productores y empresarios matagalpinos sostuvieron una reunión con el presidente Enrique Bolaños y, según Rivas Leclair, el mandatario “dijo que él respaldaba siempre y cuando esto no fuera a chocar con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.
Sin embargo, por mandato del presidente Enrique Bolaños, los productores se reunieron de urgencia con el presidente del BCN, Mario Alonso y “él nos señaló que el proyecto de ley era peligroso porque podría poner en problemas a Nicaragua para el desembolso de los fondos aprobados por el Fondo Monetario Internacional”, dijo Rivas Leclair.
Para los productores, comerciantes y empresarios matagalpinos, está de por medio un patrimonio estimado en más de 700 propiedades de diferentes sectores como café, arroz, ganado, entre otros, versus “quedar bien con el Fondo Monetario”.
En la reunión que productores, empresarios y comerciantes sostuvieron la noche del miércoles 20 en Matagalpa, participaron el diputado ante la Asamblea Nacional, Augusto Valle Castellón y el diputado ante el Paramento Centroamericano, Álvaro Baltodano, quienes expresaron su respaldo a la iniciativa de ley.
Durante la reunión, el productor Ernesto Alonso Vílchez, arrancando aplausos de los asistentes, dijo: “O los trabajadores se toman las fincas o nosotros las vamos a quemar, porque no hay otra alternativa que se pueda dar”.
“Van a decir que soy terrorista y todas esas cosas, pero la verdad es que tenés años de tener una propiedad y de un día para otro te la van a quitar, así por así, por culpa de unos quiebra bancos”, señaló Alonso Vílchez.
