Mario Torres Lezama
Los bionegocios son actividades económicas basadas en el uso sostenible de la diversidad biológica y los diferentes ecosistemas que la integran. Hoy la regulación global de los mercados demanda cada vez más los productos y los servicios con altos estándares ecosociales. Nicaragua tiene ventajas naturales que deberían de transformarse en ventajas competitivas integradas a los cluster diseñados actualmente para atender la creciente demanda globalizada y la inserción al comercio por Nicaragua.
Los bionegocios son una nueva corriente de los negocios, cuyo valor agregado radica en la promoción de la descentralización de la economía, en la generación del empleo en las zonas rurales, en la revalorización de la cultura étnica, en la internalización de los costos por la conservación de los recursos naturales, la diversificación de las exportaciones, la generación de divisas, entre otros. Nicaragua debería de salir de la economía primaria exportadora que durante siglos no ha producido un impacto sostenible en el sector ambiental y que por el contrario ha generado una deuda para las generaciones futuras que deberán enfrentarse.
Los negocios forestales son un ejemplo de los bionegocios. Los bosques, tienen un impacto al clima mundial. Al ser destruidos son fuentes de gases de efecto invernadero (como producto de la fotosíntesis, secuestra CO2 y emiten oxígeno limpio). Al mismo tiempo, a través de una gestión sostenible son tan importantes como sumideros de dichos gases como cualquier otra actividad económica. De ahí que su función consiste en servir como amortiguadores artificiales del impacto que ocasiona el cambio climático global.
Mejorar la gestión de los recursos forestales existentes involucra la introducción de mejores prácticas de gestión forestal y aprovechamiento para mejorar la capacidad del secuestro y de almacenamiento de carbono. Esto puede llevarse a cabo con inversiones que minimicen la pérdida del bosque por las acciones de reforestación, con inversiones que mantienen o mejoran el crecimiento de árboles, reducen los daños al suelo y aseguran regeneración más rápida y apropiada de los nuevos bosques. Además los bosques son mitigadores del impacto de los eventos extremos como las inundaciones o las sequías. También podría incluirse la adopción de programas de protección social con sensibilidad social, o gestión conjunta en las áreas protegidas que aseguren la regeneración natural evitando los incendios forestales o las enfermedades como el gorgojo. Ello significaría llevar a cabo prácticas de gestión sostenibles, especialmente las de protección del bosque.
Aumentar la cobertura forestal a través del establecimiento de plantaciones forestales, aumenta la capacidad de los sumideros de carbono en la tierra y se convierte en un paliativo a la situación exasperante de pobreza extrema que se vive en las áreas rurales.
¿Cuál entonces sería la idea? La idea sería organizar el establecimiento de un mecanismo de pago por el servicio ambiental que genera el bosque desde el nivel local hasta el nivel nacional. Pero entonces, ¿quien paga por este servicio? La demanda internacional del mercado de las unidades de reducción de emisiones. Actualmente un certificado de reducción de emisiones es cotizado por el mercado entre 3 a 7 US$.
De ahí que la oportunidad de que aún el anteproyecto de ley forestal no ha sido aprobado, ofrezca ventajas para poder incidir en la creación de un mecanismo de servicios ambientales que retribuya ingresos de incentivos por el uso sostenible de la actividad forestal.
Ello exige contar con procesos que favorezcan la reforestación, creen empleos y mitigue la pobreza. Ejemplo de esto sería: la creación de empleos a través de regentes forestales locales que actuarían como fiscales y proveedores de servicios especializados para la actividad productiva en cuestión, ello también implicaría que un productor podría diversificar su actividad agropecuaria y transitar a sistemas agrosilvopecuarios más acordes con la actualidad. Se aumentaría la cobertura vegetal existente, se modificaría el esquema bancario pues se adoptarían a los árboles como prendas crediticias.
Por supuesto que producir árboles tiene la intención de satisfacer la demanda en el mercado de la madera, la venta del servicio ambiental que genera aparece como un valor agregado que tiene costos y que el mercado del carbono podría pagar por dicha actividad. Los bionegocios pretenderán en todo momento convertir la TIR de un 15 por ciento al 22 por ciento mediante la venta de secuestro de gases de efecto invernadero.
Los eco-fondos son instrumentos financieros para ser utilizados por los bionegocios porque pueden tomar riesgos que la banca comercial no asume. En la Ley 217 se establece la creación del Fondo Nacional del Ambiente, el cual podría servir como instrumento de inversión para desarrollar productos y mercados, cuyo valor agregado estaría clasificado con criterios ambientales. Aprovechar este tipo de nichos de negocios del mundo globalizado exige retos y la pelota está en nuestra cancha.
El autor es Especialista en Medio Ambiente.
