José Adán Silva [email protected]
Fue la Presidencia de la República la que pidió a la Procuraduría General que enviara directo a los jueces civiles el dictamen que califica la Ley 364 como “inconstitucional”, para influir en las demandas de los afectados por el insecticida Nemagón contra empresas transnacionales norteamericanas.
Una carta a la que tuvo acceso LA PRENSA, revela que el Secretario de la Presidencia, Julio Vega Pasquier, pidió al procurador Francisco Fiallos enviar el dictamen a los jueces civiles que atienden las demandas contra las empresas bananeras.
“Estimado doctor Fiallos, tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle que interponga sus buenos oficios con el objeto de que el dictamen elaborado por la PGR relacionado con la Ley número 364, Ley Especial para la Tramitación de Juicios promovidos por las personas afectadas por el uso de pesticidas fabricados a base de DBCP… sea remitido a los jueces que conocen de las demandas fundamentadas en la ley antes referida”, indica la misiva.
“Esta petición es de suma importancia para el Gobierno de la República, por lo que agradeceré que el dictamen aludido sea remitido con la brevedad del caso, a las autoridades correspondientes. Firma Julio Vega. Secretario de la Presidencia”, dice la carta, con fecha 16 de agosto del 2002 y con copia a Oliver P. Garza, embajador de Estados Unidos, bajo el código SDP 037-08-16-02. JVP.
Vega dijo el martes a una comisión de afectados por el Nemagón, que el presidente Enrique Bolaños había mandado a anular el dictamen de la Procuraduría.
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