Raúl Martínez [email protected]
Estoy sorprendido por el recurso de amparo interpuesto por el contralor Argüello Poessy, oponiéndose a la creación de la auditoría interna del Gobierno. Pienso que la decisión del presidente, lejos de ser una amenaza para la existencia de la Contraloría, más bien tiene como propósito el fortalecimiento del control y la transparencia en la función pública.
Todo gobierno, independientemente de la existencia o no de una contraloría general de la república, es el responsable de implantar y administrar todos los controles necesarios que contribuyan a:
a. La eficiencia y la eficacia de la administración pública
b. El resguardo apropiado de los bienes del Estado, interprétese del pueblo
c. Asegurar que la información proporcionada en las instituciones del Estado sea confiable, oportuna, relevante y verificable.
¿Por qué es responsabilidad del gobierno? Porque es él y no la Contraloría la que tiene que rendir cuentas a los ciudadanos del dinero que administra, y por lo tanto tiene que asegurarse, mediante sus controles internos, que se está actuando correctamente y tomando las decisiones en forma apropiada.
Las preocupaciones que tengo con respecto a la creación de esta nueva función son: a) que el principal costo sea jefes y no personal operativo; b) que los funcionarios sean amigos o políticos y no profesionales de reconocida trayectoria independiente; c) que esta unidad dependa de una sola persona y no de un comité de auditoría que es lo que se ventila en las grandes empresas.
