Ary Neil Pantoja Velázquez [email protected]
La responsabilidad de investigar lo referente a los delitos electorales recae sobre el Ministerio Público en la persona del fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, según la fiscal general adjunta, María Lourdes Bolaños.
Aunque no descartó la posibilidad de que Centeno delegue a alguien para desempeñar esa labor.
“La institucionalidad del país está a prueba, y en particular la de la Fiscalía”, expresó Bolaños. Agregó que el hecho de que la juez Juana Méndez haya abierto causa a varias personas (nueve en total) por delitos electorales, es un paso adelante en el desempeño de la Fiscalía y una prueba para el Ministerio Público, porque es la primera vez que se conoce un caso de esta naturaleza.
La fiscal adjunta declinó emitir opinión en torno a si el presidente, el vicepresidente y demás autoridades electas a través del voto popular, son o no ilegales. Bolaños prefirió conocer a fondo la sentencia de la juez Méndez y luego iniciar el proceso de investigación que ordenó la judicial a la Fiscalía sobre el tema del delito electoral.
“Tienen que darse algunas circunstancias que se deben investigar. A mi juicio, la Fiscalía tiene que investigar, en primer lugar en el orden legislativo (para determinar) dónde se adecua el delito conforme a la legislación que tenemos; y luego en la parte de la delincuencia, cuál fue el delito, cómo se comete y cómo se comprueba, y ese mandato de investigación lo tiene el fiscal”, dijo Bolaños.
Pese a no tener una copia, la fiscal adjunta dijo sentirse conforme con el fallo emitido por la juez Méndez y lo calificó de “bien estructurado”; sin embargo, difiere con la judicial en torno al sobreseimiento definitivo de las dos asistentes de Byron Jerez, Auxiliadora López Román y Ligia del Socorro Segovia García, pues a su juicio ambas conocían perfectamente las actividades de su jefe e incluso, López y Segovia realizaron muchas de las transacciones.
