Eduardo Urcuyo [email protected]
Nuevamente se ha puesto de moda el Salario de los Funcionarios Públicos.
La moda la impuso esta vez un delincuente casi convicto. Que trata de vincular los salarios de los funcionarios del gobierno anterior con el dinero que iba a parar a la fundación FDN, producto del saqueo al Estado.
Esta forma de pago a los funcionarios era muy común, terminó con don Enrique, la nueva administración liberal decidió por primera vez que fueran del conocimiento de la ciudadanía los salarios de sus funcionarios.
Históricamente en nuestro país este tipo de información ha sido mantenida en secreto, siendo motivo de crítica de todos los sectores, especialmente de la oposición, que ven en ello un tendón de Aquiles del gobierno, pues esto contrasta con la pobreza de la mayoría de la población de nuestro país.
Éste es un tema espinoso que tiene varios enfoques. Una de las tesis es que el principio de la corrupción en el gobierno se da por la falta de sueldos dignos de los funcionarios.
La prosperidad en el servicio público no es corrupción. Es deseable que los funcionarios crezcan como personas, al hacerse cargo de los intereses colectivos, en beneficio de la sociedad y de ellos mismos; que se prestigien, que demostrando interés y capacidad sean becados en el exterior y que esto se traduzca en recompensas económicas.
Cuando se discute el tema de lo que debe ganar un alto funcionario de gobierno, inmediatamente se compara con lo que debe ganar un alto ejecutivo de la empresa privada. Esto en mi opinión es un grave error, pues aun en los Estados Unidos, el país más rico y desarrollado del mundo el servicio público sigue siendo una vocación de baja paga. El presidente Bush no gana ni una fracción del salario de un presidente de una de las grandes corporaciones norteamericanas. Simplemente no hay comparación.
En nuestro país los gobiernos siempre han pagado sueldos altos, el problema es que estos pagos nunca han sido transparentes, pues a un sueldo fiscal modesto se le agregan pagos o beneficios ocultos cuyo monto es fijado según la cercanía que se tenga con el mandatario.
En Nicaragua, a partir de 1990, un alto funcionario de gobierno gana entre treinta y cuarenta mil córdobas mensuales en su colilla fiscal; a esta cantidad hay que sumarle, entre cinco y diez mil dólares mensuales que recibían adicionalmente por planilla confidencial de la Presidencia de la República, más el sueldo de escoltas, dos vehículos, doscientos galones de gasolina, gastos de representación, y dietas por asistir a reuniones que su cargo requería. Lo que suma cerca de quince mil dólares mensuales (un poco más de doscientos mil córdobas). Suma muy alejada de las necesidades del resto de la población.
Los diputados, especialmente los sandinistas, no tienen razón para criticar los salarios del Ejecutivo, pues en este momento ellos perciben en promedio cerca de cinco mil dólares mensuales, aunque en la colilla oficial su salario es de sólo cuatro mil córdobas aproximadamente; el resto, con la clara intención de evadir impuestos, se les paga de diferentes formas: pasajes, combustible, alimentación, y como dijo Wálmaro en una oportunidad: ‘Para proyectarse políticamente’, aunque la mayoría no lo hace y todos sabemos dónde va a parar ese dinero.
El servicio público no es un lugar para hacerse rico, es un lugar para servir más por vocación que por otra cosa. Su recompensa haciendo bien las cosas no es material, es de otra índole, como el reconocimiento social, prestigio, respeto de la ciudadanía, popularidad, etc.
No puede el Estado como institución competir en sueldos con la empresa privada. No puede —Ni debe.
Tratándose de personal de segundo y tercer nivel para abajo, el Estado debe pagar un sueldo digno; pero, algunos presidentes, diputados, secretarios y ministros, sinceramente, en vez de que se les pague, ellos deberían poner.
¿No creen ustedes queridos lectores?
El autor es funcionario público.
