La ambientación militarista del país con motivo de la celebración, ayer dos de septiembre, del veintitrés aniversario de la fundación del Ejército Popular Sandinista (ahora Ejército de Nicaragua), ha sido apabullante. Y en medio de la fanfarria militar sonaron como un disparo las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, general Javier Carrión, publicadas en LA PRENSA del sábado y domingo recién pasados.
En efecto, las declaraciones del general Carrión demostraron que, aunque él diga lo contrario, el Ejército ha tomado una posición política ante la crisis institucional del país: “Hemos recomendado al Presidente de la República y a los poderes mismos llevar lo más rápido posible la solución, porque nosotros, desde el punto de vista de asesores de seguridad nacional… no queremos que se enrumbe la agenda en otras direcciones que obviamente profundicen la crisis y no la solucionen”, advirtió el comandante en jefe militar.
Pero no es cierto que el Ejército en general y su comandante en jefe en particular, sean asesores de seguridad nacional del Presidente de la República. Esa función es política y la Constitución (artículo 93) establece inequívocamente que el Ejército es “una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante”. Ni siquiera en la Ley del Ejército (Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar), hay alguna disposición que le atribuya la función de asesorar al Presidente en materia de seguridad nacional, a pesar de que dicha ley fue dictada a conveniencia de los mandos castrenses antes de la reforma constitucional de julio de 1995, y, por lo tanto, en algunos aspectos contradice a la Constitución y a la Ley 290, en la que se establecen las competencias del Ministerio de Defensa.
En realidad, el Código Militar debió ser reformado desde 1995 para adecuarlo a la reforma constitucional, puesto que por disposición de dicho código el Ejército goza de “descentralización” financiera, funciona prácticamente como una corporación autónoma privilegiada del Estado, y limita al Presidente de la República a la irrelevante formalidad de “nombrar” (o más bien confirmar) oficialmente al jefe del Ejército que previamente designan los mandos castrenses. Por eso hemos dicho que en este ámbito hay una farsa institucional, en la que el Presidente de la República finge controlar al Ejército y los militares simulan subordinarse a la autoridad civil presidencial.
Volviendo al caso de lo dicho por el general Carrión, de que los militares son asesores del Presidente en materia de seguridad nacional, la verdad es que a quien compete esta función es al ministro de Defensa, según se desprende del artículo 20 de la Ley 290 antes mencionada. Y esto es lo lógico y correcto, si se considera que de acuerdo con la Constitución y con los principios democráticos fundamentales los militares no deben inmiscuirse en los problemas políticos del país, sólo cumplir las órdenes del Presidente de la República, ya sea que éste las dicte directamente o que lo haga por medio del ministro de Defensa.
Lamentablemente, algunos de los aspectos perversos de la cultura política nacional, como por ejemplo el culto al militarismo y la sumisión al caudillismo (el “síndrome de Pedrarias”, lo llaman los historiadores), siguen dominando la conciencia política de muchos nicaragüenses que ven como normal y hasta necesario que los militares se involucren en los problemas políticos y que sean árbitros de los conflictos institucionales, cuya solución atañe únicamente a los civiles.
Inclusive los medios de comunicación democráticos a menudo sobredimensionan y magnifican la presencia e incidencia del Ejército en los problemas políticos y los eventos públicos; y colocan en un plano principal a los mandos castrenses, siendo que por principios democráticos y por mandato de la Constitución y la ley, las autoridades civiles (en este caso, el Presidente de la República y el ministro de Defensa) están y deben estar siempre por encima de los militares, a pesar de que sean éstos los que porten las armas, y precisamente por eso.
Sin duda que el Ejército ha cambiado desde que se quitó el nombre de sandinista. Pero debe cambiar más, y la reforma democrática del Código Militar para que de verdad sea una institución subordinada a la autoridad civil, es absolutamente imprescindible.
