Jorge Salaverry*
La mundialmente prestigiosa revista, “The Economist”, en su edición del 22 de agosto de este año, señaló que si Arnoldo Alemán llega a enfrentar o no los tribunales de justicia “será un indicador del resultado de la lucha contra la corrupción en América Latina entera”. Eso significa que lo que está sucediendo aquí es visto más allá de nuestras fronteras como el símbolo de una lucha que trasciende a Nicaragua, y que, si fallamos en el intento, el hecho sería percibido no sólo como un fracaso de los nicaragüenses, sino como una derrota de todos los latinoamericanos. ¡Menuda responsabilidad la que han puesto sobre nuestros hombros!
Pero lo más grave del caso es que —al menos de momento— no se avizora una pronta solución. Todo parece indicar que el actual estado de cosas tiende a prolongarse. No hace mucho tiempo le pregunté a un amigo magistrado que me dijera cómo creía él que terminaría este asunto. Su respuesta —entre cínica e irónica— fue: “Como terminan todas las cosas en Nicaragua: en tragedia o en ridículo”. Me pregunto que si el tiempo terminará dándole la razón. Y también me pregunto: ¿Es que acaso estamos condenados a vivir sin instituciones capaces de resolver las crisis que deberían de ser resueltas por ellas, y que siempre tendremos que recurrir a la violencia o a arreglos al margen de la institucionalidad? ¿A la sempiterna componenda, o al pacto prebendario? Y por favor que no se me diga que en otros países aún más civilizados que el nuestro es común recurrir al diálogo para resolver ciertos problemas políticos.
El diálogo, con todo lo hermoso, valioso, y civilizado que es, jamás debe ser un instrumento para impedir que los tribunales de justicia hagan su labor, porque, de ser así, se desvirtúa y se convierte en un instrumento de injusticia.
Aquí estamos ante un caso penal que debe ser ventilado en los juzgados. Pero resulta que el indiciado, que es el presidente de la Asamblea Nacional, simplemente dice que él no está dispuesto a comparecer ante los tribunales porque no confía en la justicia de Nicaragua. ¡Habráse visto semejante descaro e insolencia! Sólo imagínese, apreciado lector, qué pasaría si usted o yo fuésemos acusados de la comisión de un delito. ¿Cree acaso que podríamos decir que no estamos dispuestos a comparecer ante el juez porque no confiamos en la justicia de nuestro país? Por supuesto que no, ¿verdad? No tendríamos más remedio que someternos a la ley, con todo y lo mucho que, ciertamente, dejan qué desear nuestros tribunales de justicia. La pregunta, entonces, es: ¿qué corona tiene el doctor Alemán para ubicarse por encima del resto de los ciudadanos para darse el gusto de burlarse del principio constitucional de igualdad ante la ley? (Ya antes su socio político, Daniel Ortega, hizo algo similar.)
Si hay algo que diferencia a un estado de derecho de uno que no lo es, es precisamente el grado de respeto al principio de igualdad ante la ley. Y ese principio es el que está a prueba en Nicaragua. En los países más avanzados y ricos, nadie —absolutamente nadie— está por encima de la ley. Todos los ciudadanos, independientemente de su estatus social, grado de riqueza, filiación política, raza, credo, o cualquier otra consideración, son iguales ante la ley. En los más atrasados, como el nuestro, abundan los privilegios legales para unos pocos. Alguien, quizás, podría pensar que la igualdad ante la ley es un lujo que sólo pueden darse los países desarrollados. Pero no es así; es todo lo contrario. La igualdad ante la ley fue una de las condiciones que, antes de ser ricos, se pusieron para, precisamente, poder llegar a ser ricos. Los países que no han entendido que una justicia efectiva e igual para todos es indispensable para el desarrollo, son los que siguen hundidos en la miseria.
Consciente de ello, el presidente Enrique Bolaños prometió que bajo su gobierno nadie estaría por encima de la ley, y está haciendo todo lo posible para que así sea. Pero no hay duda de que los amarres políticos y los vicios culturales son difíciles de romper y de superar. Aun así, no podemos claudicar. De nosotros depende que en un futuro cercano haya un nuevo artículo en “The Economist” que se titule: “Nicaragua, ejemplo de éxito en la lucha contra la corrupción en América Latina”, o que se titule: “Los nicaragüenses intentaron, pero no pudieron”.
* El autor es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA y catedrático de la Universidad Thomas More.
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