El respeto que gobernantes y gobernados le guardan a la Constitución es la mejor medida de la conciencia democrática y la cultura cívica de una sociedad. En efecto, es bien sabido que los países más avanzados, prósperos y cultos son los que practican el derecho y rinden culto al constitucionalismo. Y en cambio, las naciones más atrasadas, pobres e incultas son las que a menudo irrespetan la ley, menosprecian la constitucionalidad y practican una “cultura” transgresora, a pesar que, curiosamente, son las que con más frecuencia dictan constituciones o reforman las vigentes.
En realidad, en una sociedad auténticamente democrática —no de mentiras ni a medias, como la de Nicaragua— los ciudadanos respetan y rinden honores a la Constitución, porque son conscientes de que su vigencia e integridad garantiza la seguridad jurídica, la libertad, la justicia y todo aquello que hace de la democracia un sistema de vida y gobierno mejor que todos los demás, independientemente de sus imperfecciones que reflejan la defectuosa condición humana. Donde hay una genuina democracia, la Constitución es el fundamento del Estado de derecho, el cual determina un orden de máxima e igual seguridad para todos los miembros de la sociedad; es el andamiaje jurídico y de principios del Estado, cuya existencia se justifica éticamente sólo si sirve al bienestar y a la utilidad civil, si garantiza la libertad del individuo y protege a los ciudadanos para que puedan vivir y crecer en condiciones dignas, y si asegura la convivencia pacífica de la sociedad.
Por eso es que en todos los países democráticos hay un Día de la Constitución que los ciudadanos celebran con devoción cívica. En Nicaragua también lo hay, y de acuerdo con la ley debe celebrarse el primer lunes de septiembre de cada año, es decir, hoy. En efecto, la Ley No. 201 dictada por la Asamblea Nacional el 22 de agosto de 1995, promulgada por la entonces presidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro, el 19 de septiembre de ese mismo año, y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 179, del 26 de septiembre de 1995, dice en su parte considerativa que “la enseñanza de la Constitución Política de la República de Nicaragua por medio de la educación, es la forma apropiada para garantizar a la población el conocimiento de sus derechos, libertades, deberes y garantías”; agrega que “es de vital importancia contribuir mediante Ley a la promoción de los Derechos Humanos y a la enseñanza de la Constitución Política de la República de Nicaragua en los Centros Educativos públicos y privados, militares y policiales”; y establece normativamente (artículo 3) como “Día de la Constitución Política de Nicaragua, el primer lunes del mes de septiembre de cada año, y las escuelas y colegios del país dedicarán ese día al estudio y enseñanza de la Constitución Política”. Y además, dicha Ley señala que es obligación estudiar la Constitución y celebrar su Día en los cuarteles militares y estaciones de Policía.
Sin embargo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), en vez de cumplir con ese mandato justo, necesario y oportuno de la Ley 201, y dedicarse a celebrar el Día de la Constitución realizando los correspondientes actos públicos y promoviendo el estudio de la Carta Magna en todos los centros educativos que están bajo su jurisdicción, pierde lastimosamente el tiempo, asume las tareas que les corresponde cumplir a las iglesias, y se desgasta ante la opinión pública librando una absurda batalla contra las minifaldas de las muchachas que participan en la gimnasia rítmica de los desfiles escolares con motivo de las Fiestas Patrias de Nicaragua.
El resultado del menosprecio al Día de la Constitución y el incumplimiento de la obligación legal de promover su conocimiento y estudio en todos los centros escolares y establecimientos policiales y militares, es el bajísimo grado de cultura cívica y democrática que hay en el país, y el irrespeto a la misma Constitución por parte de quienes por obligación profesional y política tienen que ser los primeros en respetarla y acatarla, como son los funcionarios principales de los cuatro poderes del Estado.
Y luego nos rasgamos las vestiduras políticas por el estado desastroso en que se encuentra nuestra situación institucional.
