Joaquín Cuadra Lacayo [email protected]
Las artimañas empleadas por el doctor Arnoldo Alemán para no obedecer la orden judicial de dar trámite a la solicitud de desaforarlo, parecen estarse agotando al haberse constituido una virtual nueva mayoría en la Asamblea Nacional.
El escenario se está perfilando para que ante esa nueva correlación, la actual Junta Directiva se vea obligada a obedecer el mandato judicial y someter la solicitud de desaforación, o bien para que la mayoría del Plenario —en pleno ejercicio de sus facultades soberanas— destituya a los actuales directivos y nombre nuevos que representen fielmente la voluntad de los legisladores y den trámite a la solicitud de desaforación.
Esta es la situación que se ha venido propiciando en los últimos días y la única salida legal admisible. A estas alturas no es aceptable para el sistema jurídico nicaragüense ni políticamente correcto, insinuar y menos sugerir en nombre de la estabilidad nacional, una solución que implique eludir el enjuiciamiento al doctor Alemán y demás personas señaladas por la Procuraduría General de Justicia como culpables de varios delitos sumamente graves en perjuicio de los recursos del Estado nicaragüense.
Esta es una oportunidad excepcional para demostrar que en Nicaragua por fin hemos decidido aplicar las leyes por encima de los acuerdos políticos y al Gobierno le corresponde una particular responsabilidad en este orden.
Al FSLN le corresponde igualmente una alta responsabilidad para contribuir a la solución de la compleja crisis que agobia al país. Es innegable que desempeña un rol preponderante en la Asamblea Nacional y que hasta ahora ha mostrado identificación con la demanda de la mayoría de los nicaragüenses que exigimos la desaforación y el procesamiento de Arnoldo Alemán. Si en el pasado se le señalaron al FSLN sus responsabilidades en el pacto —una de cuyas consecuencias es la situación actual—, hoy los diputados y dirigentes del FSLN no deben poner sus réditos políticos ante los intereses de la nación, no deben capitalizar la crisis, ni sabotear la salida de la misma, exigiendo cargos y prebendas a cambio de cumplir su deber como diputados electos.
Es evidente que la actitud de Arnoldo Alemán de atrincherarse en el PLC y la Asamblea Nacional ha colocado al liberalismo en una crisis de proporciones inesperadas y de consecuencias quizás irreversibles. Ese es un problema que atañe exclusivamente a los miembros de ese Partido, pero de los que ocupan responsabilidades en el Legislativo la ciudadanía espera una conducta patriótica elemental.
El desenlace de esta etapa de lucha contra la corrupción parece inminente y ojalá sea favorable a los intereses de la democracia y de la transparencia en el manejo de la cosa pública; superado este capítulo los nicaragüenses debemos preservar la iniciativa lograda, para impulsar un plan mínimo con el consenso nacional que nos permita enfrentar la grave crisis que atravesamos y sentar las bases para empezar a diseñar la nación del siglo veintiuno.
El autor es Presidente de Unidad Nacional
