- De lo contrario, llaman a los parlamentarios a desaforar a diputados acusados de actos de corrupción en la Administración anterior
Benjamín Blanco [email protected]
Los rectores de las diez universidades que integran el Consejo Nacional de Universidades (CNU) brindaron ayer una conferencia de prensa para hacer un llamado a los funcionarios públicos que han sido acusados de cometer actos de corrupción, a renunciar de forma inmediata a su inmunidad.
Los rectores dejaron plasmada su postura sobre la situación política y social que vive el país, a través de un comunicado donde piden a los funcionarios acusados de actos de corrupción enfrentar a los tribunales de justicia y demostrar allí su culpabilidad o inocencia.
“Y si no lo hacen, entonces demandamos a los diputados de la Asamblea Nacional de todas las bancadas que por el bien de la nación procedan sin mayor dilación al desafuero para que la inmunidad no sea una barrera para la aplicación de la justicia”, comentó Telémaco Talavera, Presidente del CNU.
En el comunicado, los rectores reiteran que su posición en contra de la corrupción es enérgica y firme, sobre todo en estos últimos meses en que la crisis institucional que atraviesa el país ha alcanzado repercusiones internacionales.
GOBIERNO DEBE CUMPLIR SU ROL
El comunicado del CNU señala también que el gobierno no debe olvidarse de atender y darle prioridad a los grandes problemas que aquejan a amplios sectores de la población, como son: la pobreza y extrema pobreza, los altos índices de desempleo, la desnutrición infantil, el limitado acceso a la salud, educación y servicios básicos, y el incremento constante de los precios de los productos básicos.
“La comunidad universitaria rechaza la privatización de los servicios básicos y de nuestros recursos naturales, como los cuerpos de agua, concesiones madereras, pesqueras, petrolíferas, etc., en tanto constituyan la reserva y patrimonio estratégico para las futuras generaciones”, señala la comunicación.
Finalmente, el CNU se pronunció en desacuerdo con los pagos de salarios y beneficios para funcionarios públicos de los distintos poderes del Estado, en montos que no se corresponden con la realidad económica de nuestro país y con los niveles salariales de la mayoría de los empleados públicos, y mucho menos con el nivel de pobreza y desempleo en que se encuentra un alto porcentaje de la población.
