Jorge Calderón G
Revisando el Presupuesto General de la República de Nicaragua, de 1965, me encuentro con que sólo había 10 ministerios, desde el de Gobernación hasta el del Trabajo. Nada más. Los ingresos estimados suman C$447,369,000 y los egresos 465,827,330, con un superávit de C$18,459,000.
Teníamos representantes en 21 países solamente, desde los Estados Unidos de Norteamérica hasta Alemania, incluidos los 4 países centroamericanos, entonces.
Para finalizar: el sueldo del ministro de Hacienda era de C$5,500 mensuales y tenía en su despacho un asistente ejecutivo (C$3,000), 1 conserje C$1,200 y 1 chofer C$700, nada más.
Atando cabos, el ministro de Hacienda vivía con menos de $800 mensuales, y hoy en el Consejo Supremo Electoral, a Rivas $5,000, apenas le ajustan para sobrevivir.
Hoy en la Asamblea tenemos casi un centenar de representantes con sueldos de $4,000, amén de un conjunto de regalías que suman otros tantos, a lo mejor. Reciben C$500,000 anuales para hacer proselitismo personal en sus obras sociales, y hasta los suplentes ganan y alcanzan sus correspondientes deferencias. Esto no puede seguir así.
Pero el colmo es el latrocinio descarado en casi todas las esferas gubernamentales (con honrosas excepciones), y pocos (hasta hoy) van a la cárcel, debido a que se amparan en su inmunidad o en la prescripción del delito, o se protegen por el Código de la Niñez. ¡Bárbaros!
Nadie va a negar que Somoza robaba y que tenía su ley de las 3 P: plata para los amigos, palo para los indiferentes y plomo para los enemigos. No queremos que vuelvan esos tiempos, y, sandinista sin partido (sandinista por Sandino), creo que todos debemos contribuir a sanear tanta podredumbre y ayudarle al presidente Bolaños a bien gobernar. Yo creo en él. Él.
Ahora hablemos de prevaricato: proviene del latín prevaricare, y lo define el diccionario como crimen del funcionario judicial, abogado o procurador que falta a la fidelidad de su parte. Y agrega: acción de cualquier otro funcionario que falta a los deberes de su cargo.
Preguntémonos: ¿cuántos de estos funcionarios y leguleyos tenemos hoy en Nicaragua? Todos lo sabemos, y es deber de todos nosotros exigir que se haga justicia. Que impere por primera vez en Nicaragua la institucionalidad política. La gobernabilidad y la estabilidad política para poder salir de esta miasma en que estamos todos hundidos, sobre todo los pobres.
Apliquemos la ley sin hacer distinción de razas, clases o credos de índole ninguna. Y esto vale para la Iglesia Católica, Evangélica o de otras denominaciones. “Dura lex, sed lex”.
Cuando los españoles descubrieron Nicaragua en 1502, se encontraron con que nuestros indígenas tenían su religión, su lengua, sus costumbres, industria, escritura en jeroglíficos, y, ¡qué al caso viene esto!: conocían la palabra prevaricato… y … ¿saben ustedes con qué se castigaba el prevaricato? Con la muerte.
Tomemos la lección de nuestros ancestros, y, como civilizados (?) que somos hoy, no apliquemos la muerte: metamos en prisión perpetua a todos los prevaricadores. Sólo así Nicaragua podrá llegar a ser República, porque nunca lo ha sido.
